El olfato de la Bonaerense

TRES POLICIAS MARPLATENSES INVOLUCRADOS EN DOS ASALTOS

Dos policías de la 6ª detectaron a un hombre con un arma y le cobraron una cometa para no secuestrarla. Horas después, el hombre usó esa arma para balear al kiosquero Dardo Molina. El jefe de calle de la 9ª fue detenido por dar cobertura a una banda.

Por Horacio Cecchi

La marcha en reclamo por el caso Molina acusaba a la Justicia, pero era la Bonaerense la responsable.

Dos casos literalmente policiales en jurisdicción marplatense parecen confirmar, en una suerte de radiografía del crimen, que en buena parte si no en la mayoría de los casos, la intervención de los uniformados (en este caso los bonaerenses) es crucial o ayuda. Para que se cometa el delito. El primero tiene que ver con el caso del kiosquero Dardo Molina, baleado en la cabeza cuando quiso evitar ser asaltado. El mismo día, unas horas antes, el asaltante que disparó fue retenido en una esquina por dos uniformados que le detectaron el arma y previo pago de una módica suma de 300 pesos lo dejaron seguir con sus actividades cotidianas y con su arma. El otro caso, también tiene que ver con la participación policial: un oficial de la 9ª cumplía al pie de la letra su tarea preventiva, pero al revés: hacía de campana a una banda que asaltaba viviendas. En este caso, la Justicia consideró acreditada la comunicación entre la banda y el uniformado e hizo lugar a su detención preventiva. El caso del kiosquero derivó en varias marchas de reclamo frente a las casas del fiscal y el juez del caso, curiosamente con fuerte anuencia de la Bonaerense.
El 22 de septiembre pasado, alrededor de las 20, el kiosquero Dardo Molina fue asaltado en su local de Luro y 190, en Mar del Plata. Molina atendía a unos clientes cuando se produjo el asalto. El kiosquero, que ya había repelido otro asalto a los tiros, intentó repetir su defensa pero el asaltante disparó cuatro veces. Una de las balas impactó en la cabeza de Molina, hiriéndolo gravemente. El asalto y el estado delicadísimo de Molina provocaron varias marchas de reclamo de los familiares y amigos, con el apoyo de una ONG, Familiares de Víctimas del Delito, que contó con fuerte apoyo policial. Según confiaron vecinos, una de las marchas, realizadas en la casa del juez Saúl Errandonea, contó con custodia policial, mientras que en la casa del magistrado estaba completamente ausente, y la marcha era promovida por un ex jefe departamental devenido en periodista radial.
Tanta protección policial encubría, al mismo tiempo, lo que el fiscal Moyano logró determinar ahora: entre las 13.30 y 14 del mismo día del asalto, el joven acusado de disparar contra Molina había sido retenido por un subteniente y un oficial de la comisaría 6ª. Los dos uniformados apartaron al joven, luego tomaron el arma, se alejaron unos diez metros según aseguraron los testigos, volvieron con el arma, conversaron con el joven unos segundos, éste pagó unos 300 pesos, y le devolvieron el arma, una Bersa, la misma con la que se cree que disparó seis horas más tarde contra Molina. La ubicación del patrullero en la esquina quedó confirmada por el sistema rastreador. Y la del pago del peaje, por testigos.
El olfato policial, a veces, tiene esas desprolijidades.
Pero la radiografía del crimen marplatense no termina ahí. El jefe del servicio de calle de la 9ª, Guillermo Scuffi, fue detenido por su tarea preventiva, en este caso sospechado de que la hacía para el lado de los malos. El juez de Garantías 5 Gabriel Bombini consideró demostrada la participación de Scuffi en la banda que asolaba la zona de su cuadrícula. La Justicia seguía el rastro de los celulares de la banda, que operaba vía Nextel. El 2 de septiembre asaltaron la casa de un concesionario de camiones que a su vez tenía como cliente a un repartidor de La Serenísima, que formaba parte de la banda y que viene a demostrar que una buena cuota de la reclamada inseguridad tiene que ver con inseguridad interior, es decir, entrega de amigos, clientes, homicidios intrafamiliares y cobertura policial. La banda asaltó la casa del concesionario de camiones, y quedó registrada la conversación con el uniformado en el momento en que se disponían a salir. “¿Todo tranquilo?”, preguntaron desde la casa. “Sí, boludo, si yo no llamo, quedate tranquilo que está todo bien”, respondió el uniformado. “¿Salimos?”. “Salgan tranquilos”.
Pero llegó la policía (no Scuffi, que supuestamente ya estaba), detuvo a dos de los tres asaltantes y luego al entregador. Al día siguiente, el 3 de septiembre, la 9ª se quedaba sin jefe de calle. A la luz de las revelaciones, todo indica que los reclamos, atendibles, estaban mal direccionados.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-154714-2010-10-11.html

Torturas bonaerenses a un adolescente de 17

Por Horacio Cecchi

El miércoles pasado, un chico de 17 años denunció haber sido torturado el día anterior durante horas por bonaerenses de la comisaría 6ª, en la localidad platense de Tolosa. Dijo que lo detuvieron en la casa de un amigo, que lo golpearon estando esposado, que le dieron latigazos con la hebilla de su propio cinturón, que le envolvieron la cabeza en una bolsa de nylon y que luego se la sumergieron en agua podrida. Pese a que los mismos policías lo amenazaron de muerte, efectuó la denuncia al día siguiente. El defensor oficial del fuero juvenil, Julio Axat, y Roberto Cipriano García por el CCT, denunciaron las torturas y la detención ilegal del chico. Ayer, el ministro de Seguridad y Justicia Ricardo Casal recibió a Alejandro Mosquera, Víctor Mendibil y Aldo Etchegoyen, de la Comisión Provincial por la Memoria, ante quienes se comprometió a remover a los responsables.

El relato de la denuncia es una radiografía del sistema de detenciones de adolescentes por parte de la Bonaerense, método que defienden ante la Justicia Casal y su colega de Desarrollo, Baldomero Alvarez. Alrededor de las cinco y media de la tarde del martes 5, la fiscalía y la defensoría penal juvenil en turno de La Plata recibieron un llamado telefónico de la comisaría 6ª informando que tenían un adolescente de 17 años al que habían detenido por “resistencia a la autoridad”. La Justicia ordenó la liberación porque, en sí misma, la resistencia no configura un delito pasible de detención. Pasadas las 11 de la noche, lo soltaron. En el medio, pese a los reclamos de parte de la sociedad, demostraron que no tienen las manos atadas. Tampoco los pies. Al pibe lo molieron a golpes y lo torturaron con clásicos de la dictadura: submarino y submarino seco.
El relato del chico es estremecedor. Dice que estaba en la casa de un amigo, y que de un patrullero bajaron bonaerenses y lo sacaron a los golpes de la casa sin motivo. “En ese lugar me dan una paliza en el piso. Llegan cuatro patrulleros más y entre más o menos ocho policías me patean y golpean en el suelo, mientras los vecinos observaban.”
Lo subieron a un patrullero. El chico estaba aterrado de que lo mataran y arrojaran al río. Pero lo llevaron a la 6ª de Tolosa donde en un calabozo del fondo “más o menos 15 o 20 oficiales me pegan en todo el cuerpo. Uno me saca el cinturón y me da cintazos con la hebilla en mi espalda. Me salía sangre del oído y la boca. Después me sientan en una silla afuera del calabozo, con las manos esposadas atrás, me ponen una bolsa en la cabeza, me quieren asfixiar, me golpean con las culatas, durante más o menos una hora. Me sacaban y me ponían la bolsa. Como no quería firmar el papel de resistencia a la autoridad me metieron la cabeza en un tanque de agua podrida. Y así durante media hora hasta que firmé. Me dejaron tirado empapado en el calabozo y a cada rato venía uno y me decía que si contaba algo de lo que me pasó era boleta”.

La Policía Juvenil de Casal, un equipo de detención encubierta

El chico dijo que los médicos policiales lo miraron “así nomás”. Después lo llevaron al hospital Gutiérrez y de vuelta al calabozo. A las 23, le dieron la libertad. Ya no se resistía. Al día siguiente el chico se fue acompañado por la madre a hacer la denuncia. Ayer, Axat y Cipriano García presentaron la denuncia por torturas, apremios y vejaciones. El fiscal 4 Fernando Cartasegna tomó la denuncia y demostró que es la policía la que ata las manos de la Justicia: en la carátula del caso al término “torturas” lo reemplazó por “severidades”. La diferencia es simple: la pena por tortura es de hasta 25 años. Por severidad, sigan pegando.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-154559-2010-10-08.html

Habeas corpus por el habeas corpus (2)

Texto de la nota presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba y listado de organizaciones y personas que adhirieron a la misma, reclamando por la vigencia y efectividad de la garantía del habeas corpus

 Presentación ante el TSJ de Córdoba

Un reclamo con zona liberada

AMENAZAS A UN JUEZ Y UN FISCAL MARPLATENSES POR EL ASALTO A UN KIOSQUERO

Aunque el caso del kiosquero Dardo Molina, baleado durante un asalto, fue prácticamente resuelto en diez días, se realizaron marchas con amenazas a la casa del fiscal y el juez, sin que hubiera custodia de la Bonaerense. Fuerte repudio judicial.

Por Horacio Cecchi

[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

En Mar del Plata lo conocen como el caso de Dardo Molina, un kiosquero asaltado el 22 del mes pasado que, por la irrefrenable decisión de resistir con un arma, fue baleado. Cuatro disparos, uno de ellos le impactó en la cabeza. Diez días después, el caso estaba casi resuelto, con un detenido y un prófugo a punto de caer. Pero los familiares y vecinos del herido, apoyados por la ONG Familiares de Víctimas del Delito y por el correveidile policial, marcharon a la casa del fiscal y luego del juez del caso, con amenazas de incendiarlas, y al curioso grito de “¡Basta de asesinatos! ¡Acá hay que aplicar la pena de muerte!”. Las movilizaciones fueron realizadas con una notable ausencia de vigilancia policial, verbigracia, zona liberada. Las amenazas derivaron en durísimos documentos de repudio por parte del plenario de la Cámara de Apelaciones marplatense, de la Red de Jueces Penales de la provincia, y de la Fiscalía General de Mar del Plata. Un integrante de la ONG negó que se hubieran realizado escraches: “Se pueden tomar como visitas –aclaró suspicaz un tal Ariel–. Lo peor va a ser el miércoles”, dijo, por hoy. Curiosamente, esta vez nadie se rasgó las vestiduras por las amenazas a los jueces.

El miércoles 22, alrededor de las ocho de la noche, un joven entró en el maxikiosco de la esquina de Luro y 190, no lejos del centro marplatense. Dardo Molina atendía en ese momento a un par de clientes cuando el joven lo amenazó con un arma. El kiosquero intentó manotear un arma que tenía guardada. Error. El asaltante disparó cuatro veces. Una de las balas impactó a Molina en la cabeza y lo hirió gravemente. El asaltante salió corriendo, trepó a una moto que lo esperaba y huyó con su cómplice. El caso, que de-sató inmediatos reclamos, mantiene una serie de curiosidades.
El fiscal encargado de la investigación fue Mariano Moyano; como juez de Garantías de turno se encontraba Saúl Errandonea, titular del juzgado 2. A poco de la investigación, una línea errónea derivó en la detención de un hombre. “Lo llevaron a rueda de reconocimiento, pero no fue reconocido ni por los testigos que estaban dentro ni por los que estaban fuera”, reveló una fuente judicial a este diario. Cruzando la calle, un autoservicio había sido asaltado segundos antes, y de allí el ladrón había pasado al kiosco. La dueña del supermercadito tampoco había logrado reconocer al detenido. Jurídicamente, no había muchas opciones. El fiscal abandonó el pedido de detención y el juez ordenó su libertad.
Lo que siguió dio lugar a ciertas suspicacias. “El fiscal venía investigando bien. Si hasta venía trabajando con la familia y le decía: ‘No queremos detener perejiles, queremos resolver el caso’”, confió la misma fuente. Pero el martes 28, a la tarde, después de abandonar el despacho, la misma familia encabezó una marcha, acompañada por la ONG que impulsa la pena de muerte, que se dirigió a la casa del fiscal, alentada por los medios y voces altisonantes de apoyo a la policía. Dos días más tarde, la misma marcha se dirigió hacia la casa de Errandonea. En ambos casos el reclamo resultó curioso: pedían que los jueces “no aten las manos a la policía”, frase mucho más locuaz que lo que da a entender su aspecto confuso. “El reclamo por la inacción policial se dirige contra los jueces como si dependiera de los jueces y no del poder político –sostuvo la misma fuente–. Hay más de un policía al que le cortaron los negocios que está apoyando los reclamos.”
Al mediodía del 30, antes de que el escrache se concentrara ante la casa del juez, la Bonaerense avisó a su casa y al propio magistrado que la marcha se concentraría en su puerta y con intenciones escasamente amigables. Horas después, el propio juez confirmó la concentración no por un alerta policial –no había medio uniformado a una cuadra a la redonda–, sino por el griterío delante de sus ventanas. De allí a sentirse amenazado había ninguna distancia. Los medios, que en la reciente marcha en reclamo por la ley de medios se habían rasgado las vestiduras en presunto resguardo del Poder Judicial, no sólo no dijeron ni mu sino que acompañaron, produjeron y marcaron direcciones.
Entre el sábado y domingo pasado, el fiscal, con pruebas más contundentes, había dado con el conductor de la moto, de 16 años, y pedía la captura del adulto, que había disparado y está prófugo. A diez días del asalto, el caso en buena parte puede considerarse resuelto. Hoy se realizará una marcha por las manos policiales libres.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-154425-2010-10-06.html

Un habeas corpus de oficina

El miércoles, jueces, expertos y ONG de todo el país presentarán un petitorio ante la Corte cordobesa solicitando que se reglamente el hábeas corpus. Por ahora, la garantía de cumplimiento urgente sólo se puede pedir en horario de Tribunales.


Por Horacio Cecchi

El próximo miércoles, jueces y camaristas de todo el país, especialistas en derecho, abogados y representantes de organismos de derechos humanos entregarán un petitorio ante el máximo tribunal de la provincia de Córdoba. La solicitud es tan sencilla como absurdo y arcaico el hecho que la motiva: en la provincia mediterránea, que podría jactarse de un Código Procesal Penal de avanzada, no existe la figura del hábeas corpus. Corrección: no es que no exista, funciona sólo en horario de oficina, días laborables de 8.30 a 13.30. A los efectos protectivos de una persona detenida es inútil en el 85 por ciento de la semana. Según un trabajo realizado por el abogado constitucionalista Horacio Etchichury y la diputada provincial Adela Coria, la policía produjo 54.223 arrestos por el Código de Faltas. Si se tiene en cuenta que en el CF el comisario es quien detiene y quien juzga y sanciona por una falta como el merodeo –en el que todo depende de la veleidad del olfato policial–, la ausencia del hábeas corpus hace del detenido una cosa de feriado, horario nocturno o fin de semana.

El texto del pedido, promovido por el constitucionalista cordobés Horacio Etchechury y a nivel nacional por la ONG Asociación Pensamiento Penal, sostiene que “el hábeas corpus permite solicitar a un juez que impida o ponga fin a una detención ilegal o injustificada”. La ausencia de reglamentación del HC impide garantizar la intervención inmediata, lo que contradice el artículo 43 de la Constitución Nacional.

Durante el año pasado, en Córdoba sólo por arrestos por supuestas faltas cometidas al Código de Faltas fueron realizados 54.223 arrestos, según datos aportados por la policía de Córdoba. Cerca de la mitad (49 por ciento) correspondieron a jóvenes de hasta 25 años. En la capital provincial, los arrestos a jóvenes aumentan hasta casi el 70 por ciento.

“¿Qué ocurre ante una detención efectuada durante la noche o el fin de semana, fuera del horario de oficina de los tribunales?”, se preguntan en el escrito los firmantes. Nada. No ocurre nada, es decir, puede pasar cualquier cosa, pero el juez se enterará recién el lunes, pasado el desayuno. “La demora en tramitar un hábeas corpus resulta peligrosa –sostiene el escrito–. Significa que la persona detenida permanece sin la protección de un juez, lo que afecta el derecho a la tutela judicial efectiva.” En términos más carnales que la letra de una ley, la demora, como en el caso Bulacio (por el que Argentina fue sancionada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos), puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un arrestado por una falta, que ni siquiera es delito y ni se sabe si es falta.

La polémica figura del merodeo, que castiga con arresto a quien esté “en actitud sospechosa” según el olfato policial, tiene sus cifras. Según la policía cordobesa, sólo en 2009, en el Departamento de Punilla, de los 3400 arrestos por contravenciones, la cuarta parte (848) correspondió a merodeos. “Todavía nadie ha explicado cómo el arresto por ‘merodeo’ contribuye a la seguridad pública”, sostienen los firmantes.

El Código de Faltas cordobés ni siquiera garantiza la presencia de un abogado defensor. Para colmo, el comisario hace y deshace: detiene merced a la voluntad de su olfato y luego sanciona en función de las pruebas obtenidas por él mismo como sabueso.

La lista de adhesiones a la presentación pro hábeas corpus full time es amplia y marcada por especialistas de primera línea. Carlos Chiara Díaz (Tribunal Superior de Entre Ríos), Benjamín Sal Llargués (Casación bonaerense), Marcelo Riquert, Ricardo Favarotto y Esteban Viñas (camaristas de Mar del Plata), Mario Juliano (Tribunal Oral 1 de Necochea) Gonzalo Rúa (contravencional y penal porteño), especialistas como Alberto Binder, Maximiliano Rusconi, Alberto Bovino o Claudia Cesaroni.

publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-154302-2010-10-04.html