* Diputada FG-FpV, presidenta de la Comisión de Educación.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-154467-2010-10-07.html
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jueves, 7 de octubre de 2010
Los peligros de ser adolescente, negro y pobre
Por Adriana Puiggrós *
La media sanción del Senado al proyecto de ley que crea el Servicio Cívico Voluntario es un verdadero disparate y no coincide con ninguna teoría pedagógica, excepto que “la letra con sangre entra”, agravado porque en este caso no se piensa en la letra y lo de la sangre es altamente inoportuno en nuestro país, que aún recuerda a los jóvenes que recibieron su dosis de reeducación desapareciendo en los campos de la dictadura. En esta época en que las cuestiones relativas a la comunicación ocupan un lugar destacado en los frentes donde se lucha por el poder, la apropiación de palabras es una modalidad que ha resultado muy efectiva, en especial para una nueva derecha que desborda de cinismo. Las reformas neoliberales fueron hechas en nombre de la desburocratización, la descentralización, la distribución y otras tantas acciones que se colocaron en la serie de la democracia, pues era obligatorio declarar a las propuestas antidictatoriales y antiautoritarias para que se consideraran políticamente correctas. La operación perfecta consiste en la apropiación de un término que tiene connotaciones reivindicativas produciendo su vaciamiento, lo que no es un inocente juego lingüístico, porque los juegos lingüísticos son actos de ejercicio del poder. Así ocurre con la palabra “inclusión”, hoy de moda. Hace dos siglos, Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, sostuvo que el sistema escolar latinoamericano debía construirse a partir de los pobres, los desarrapados, los negros, los indios. Ellos serían el corazón de la educación, su núcleo más significativo, el que le otorgaría sentido. (Si hubiera vivido en la Argentina del siglo XXI seguramente habría agregado a la lista a los chicos de 14 a 18 años sin trabajo ni estudio.) Los agregados, los incluidos en segundo lugar de importancia, serían los otros, los hijos de los ricos. En cambio, los autores del proyecto de Servicio Social Voluntario piensan de manera inversa al educador venezolano. Representan al sector que ha estado siempre en contra de la educación pública y a favor de un sistema meritocrático privado. Sus propuestas no nacieron con el neoliberalismo, sino que acompañaron a todos los gobiernos antidemocráticos y dictatoriales, pero el proyecto educativo neoliberal los alentó y actualizó. Su gesto más genuino es racista. Consideran que primero debe educarse a los mejores, en quienes se invertirán los mayores recursos. Luego se irá construyendo la pirámide hacia abajo pero, dicen, necesariamente los pobres, negros, desarrapados, que llegaron a tal situación producto de la crisis, o, la verdad, porque carecieron de capacidad, qué le vamos a hacer, ahora ya son drogadictos, delincuentes, pero lamentablemente no se puede poner a todos preventivamente presos o en reformatorios o hacer con ellos justicia por mano propia, dado que estamos en democracia y no hay más remedio que incluir a todos, en nombre de la inclusión hay que darles el lugar que merecen, y que merecemos que tengan, lejos de nuestros hijos y de nuestros bienes, por eso los mandamos a los “cuarteles”, para que los eduquen, los hagan personas de bien. En el oscuro fondo del razonamiento que impulsa el proyecto subyace la imagen de campos militares donde se imponga la disciplina de la cual estos chicos supuestamente carecen. El proyecto denota un profundo desconocimiento de nuestros jóvenes. La Argentina está muy lejos de sufrir bandas juveniles que tienen un alto nivel de organización, como ocurre en México, en El Salvador o en Brasil. Los grupos de nuestros “chicos de la calle”, afortunadamente, de ninguna manera son comparables con aquellas organizaciones. Programas como el “Fines” de los ministerios de Educación y de Desarrollo Social, en los cuales incluirlos es darles una mano para que recuperen el capital simbólico que se les ha expropiado o negado, logran atraer y orientar a los jóvenes, así como los programas deportivos, recreativos y especialmente los de capacitación laboral. Además existe el sistema escolar, que los autores del proyecto de hecho descartan, pues para ellos no es una buena solución abrirles a aquellos chicos un lugar en las aulas a las cuales concurren sus pares de otros niveles sociales. Pero lo peor es que consideren una falta que no trabajen, mostrando su total desconsideración de la legislación nacional e internacional, que prohíbe el trabajo infantil y juvenil. El proyecto es antidemocrático, injusto y espanta al denotar la persistencia de una mentalidad represiva que ha causado profundos dolores al país, así como la condensación del odio social en los chicos pobres, una vez más.
* Diputada FG-FpV, presidenta de la Comisión de Educación.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-154467-2010-10-07.html
* Diputada FG-FpV, presidenta de la Comisión de Educación.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-154467-2010-10-07.html
lunes, 4 de octubre de 2010
La APDH también se opuso al Servicio Cívico Voluntario
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) La Plata, afirmó que el proyecto que establece el Servicio Cívico Voluntario "se concibe en el marco de una avanzada de los sectores de derecha, que insisten en que las Fuerzas Armadas vuelvan a opinar sobre asuntos de seguridad interior”.
La APDH emitió un comunicado de repudio al proyecto sancionado por el Senado nacional la semana pasada, por considerar que ese tipo de propuestas "se impulsan para avalar un sistema que ha decidido dar respuestas demagógicas a una sociedad que reclama seguridad, acalorando la histeria punitiva”.
En ese sentido, calificaron de cuestionable el modo en que se procede desde el órgano democrático que alberga a los elegidos por el pueblo, que no han convocado en ninguna instancia de la elaboración del proyecto a la Comisión de Educación de la Cámara, como así tampoco al Ministerio de Educación ni al de Defensa, contemplado por la ley, nada menos que como los órganos de aplicación”.
“No es un dato menor que el Ejército rechace públicamente el proyecto de utilizar sus instalaciones y personal para el Servicio Cívico Voluntario por contradecir su rol constitucional y el marco legal vigente”, consideraron.
Télam
La APDH emitió un comunicado de repudio al proyecto sancionado por el Senado nacional la semana pasada, por considerar que ese tipo de propuestas "se impulsan para avalar un sistema que ha decidido dar respuestas demagógicas a una sociedad que reclama seguridad, acalorando la histeria punitiva”.
En ese sentido, calificaron de cuestionable el modo en que se procede desde el órgano democrático que alberga a los elegidos por el pueblo, que no han convocado en ninguna instancia de la elaboración del proyecto a la Comisión de Educación de la Cámara, como así tampoco al Ministerio de Educación ni al de Defensa, contemplado por la ley, nada menos que como los órganos de aplicación”.
“No es un dato menor que el Ejército rechace públicamente el proyecto de utilizar sus instalaciones y personal para el Servicio Cívico Voluntario por contradecir su rol constitucional y el marco legal vigente”, consideraron.
Télam
viernes, 1 de octubre de 2010
Esa rara prevención educativa
El proyecto de Servicio Cívico Voluntario, que tuvo media sanción en el Senado, ya empezó a recibir críticas en Diputados, donde de todos modos la oposición tiene mayoría. La ministra Garré lo tildó de “disparate inviable” y los expertos como una aberración.
Por Horacio Cecchi
El proyecto sancionado en el Senado para dar educación en cuarteles a pobres voluntarios, jóvenes, mantiene el suspenso antes de su ingreso en Diputados. Su sombra ya motivó rispideces, silencios y durísimos cuestionamientos de especialistas y de diputados de la Comisión de Educación a la que, según la lógica común (no la que se siguió en el Senado), debería ingresar en primer término. Si llegara a cumplir con su objeto formalmente anunciado, la educación, debería ingresar a esta comisión en la que no le espera un camino sencillo: compuesta por unos cuantos especialistas de primera línea en educación pública no militarizada, unos cuantos de ellos anticiparon que rechazarían por “bárbara, horrorosa, absurda y retrógrada” la propuesta. Para peor, la otra área que debería tener participación, Defensa, por tratarse de espacios del Ejército, reiteró su rechazo en boca de la ministra Garré: “Es literalmente un disparate inviable”.
El proyecto, que salió con media sanción en el Senado, no había ingresado formalmente en Diputados y no tenía adjudicada comisión de inicio de su trámite. La de Educación, que es donde debiera ingresar si el planteo educativo fuera verídico, está presidida por Adriana Puiggrós, del FpV, ausente del país, pero cuyo entorno adelantó a este diario la certeza de que rechazará el proyecto. Alcira Argumedo, de Proyecto Sur, socióloga e investigadora del Conicet, también integrante de la Comisión de Educación, sostuvo que “es la contracara de la penalización de los jóvenes en situación de riesgo, una idea distractiva para que dejen de robar, cuando si roban son el último eslabón. Ningún chico mata para robar un auto y después salir con su novia. Mata para entregar el auto a una cadena de desarmado y reventa de las piezas, cubierta por la policía y los políticos, conocida porque nadie tiene un desarmadero en su dormitorio. Hay que actuar sobre las causas y no sobre los efectos, como están proponiendo con este proyecto”.
En la misma comisión ya descuentan la posición del oficialismo, que rechazó en bloque el proyecto en el Senado, o especialistas que integraron cargos o tienen proximidad con la especialidad en diferentes niveles de la educación en diferentes provincias y en la Nación.
Por su lado, fuera del Congreso, la directora ejecutiva del Casacidn, la entidad encargada de la vigilancia de los derechos de la niñez en el país, dio su perspectiva crítica: “Esta barbaridad tiene relación con lo que decían ustedes de la policía juvenil la semana pasada. Se usa la misma excusa, la de solucionar el problema sacando a los chicos pobres de la calle. A esos chicos a los que no se les da la posibilidad de acceso a las políticas públicas, se les inventa una política diferencial. Es una aberración, es la exclusión en la exclusión. ¿Les quieren enseñar oficios? Escuelas técnicas hay muchísimas en el país y de primer nivel, pero ahí no se pretende llevarlos”.
La ministra de Defensa Nilda Garré consideró al proyecto “inviable, literalmente un disparate sin criterio. Subyace una idea de militarizar la situación de estos jóvenes. Es la vieja idea de que el orden, la jerarquía, autoridad y mecanismos más duros van a mejorar la conducta de los jóvenes”. Y agregó que “en el caso de los soldados voluntarios, que están diez años en la fuerza, la gran mayoría de ellos no tiene el secundario terminado, porque las fuerzas no están prepararadas para darles ese estudio secundario en todos esos años”.
También la Junta Ejecutiva de Ctera y la Secretaría de Derechos Humanos de CTA repudiaron el proyecto por discriminatorio.
Al mismo tiempo, del lado de la oposición, especialmente del radicalismo que llevó adelante el proyecto, no se logró obtener ninguna posición a favor del proyecto. Sólo un incontrastable silencio.
Unos días antes de que el Senado diera media sanción a la solución de acuartelamiento educativo para pobres, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado invitó a relatar su experiencia a la pediatra mendocina Viviana Zavala, directora mientras funcionó, del SCV en su provincia. Para demostrar la profunda veta educativa de la propuesta, la médica mencionó el proyecto “es un tema prioritario para la prevención de la delincuencia”. Ningún otro proyecto logró lo que éste: enviar chicos a un cuartel pseudoescuela no como proyección de sus vidas, sino para evitar que roben. En una provincia cuya principal cárcel llevó a la Argentina ante los tribunales internacionales por la horrorosa situación de sus presos, la preocupación no parece ser qué será de las vidas de los internados, sino poner a buen resguardo los propios bienes.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-154148-2010-10-01.html
Por Horacio Cecchi
El proyecto sancionado en el Senado para dar educación en cuarteles a pobres voluntarios, jóvenes, mantiene el suspenso antes de su ingreso en Diputados. Su sombra ya motivó rispideces, silencios y durísimos cuestionamientos de especialistas y de diputados de la Comisión de Educación a la que, según la lógica común (no la que se siguió en el Senado), debería ingresar en primer término. Si llegara a cumplir con su objeto formalmente anunciado, la educación, debería ingresar a esta comisión en la que no le espera un camino sencillo: compuesta por unos cuantos especialistas de primera línea en educación pública no militarizada, unos cuantos de ellos anticiparon que rechazarían por “bárbara, horrorosa, absurda y retrógrada” la propuesta. Para peor, la otra área que debería tener participación, Defensa, por tratarse de espacios del Ejército, reiteró su rechazo en boca de la ministra Garré: “Es literalmente un disparate inviable”.
El proyecto, que salió con media sanción en el Senado, no había ingresado formalmente en Diputados y no tenía adjudicada comisión de inicio de su trámite. La de Educación, que es donde debiera ingresar si el planteo educativo fuera verídico, está presidida por Adriana Puiggrós, del FpV, ausente del país, pero cuyo entorno adelantó a este diario la certeza de que rechazará el proyecto. Alcira Argumedo, de Proyecto Sur, socióloga e investigadora del Conicet, también integrante de la Comisión de Educación, sostuvo que “es la contracara de la penalización de los jóvenes en situación de riesgo, una idea distractiva para que dejen de robar, cuando si roban son el último eslabón. Ningún chico mata para robar un auto y después salir con su novia. Mata para entregar el auto a una cadena de desarmado y reventa de las piezas, cubierta por la policía y los políticos, conocida porque nadie tiene un desarmadero en su dormitorio. Hay que actuar sobre las causas y no sobre los efectos, como están proponiendo con este proyecto”.
En la misma comisión ya descuentan la posición del oficialismo, que rechazó en bloque el proyecto en el Senado, o especialistas que integraron cargos o tienen proximidad con la especialidad en diferentes niveles de la educación en diferentes provincias y en la Nación.
Por su lado, fuera del Congreso, la directora ejecutiva del Casacidn, la entidad encargada de la vigilancia de los derechos de la niñez en el país, dio su perspectiva crítica: “Esta barbaridad tiene relación con lo que decían ustedes de la policía juvenil la semana pasada. Se usa la misma excusa, la de solucionar el problema sacando a los chicos pobres de la calle. A esos chicos a los que no se les da la posibilidad de acceso a las políticas públicas, se les inventa una política diferencial. Es una aberración, es la exclusión en la exclusión. ¿Les quieren enseñar oficios? Escuelas técnicas hay muchísimas en el país y de primer nivel, pero ahí no se pretende llevarlos”.
La ministra de Defensa Nilda Garré consideró al proyecto “inviable, literalmente un disparate sin criterio. Subyace una idea de militarizar la situación de estos jóvenes. Es la vieja idea de que el orden, la jerarquía, autoridad y mecanismos más duros van a mejorar la conducta de los jóvenes”. Y agregó que “en el caso de los soldados voluntarios, que están diez años en la fuerza, la gran mayoría de ellos no tiene el secundario terminado, porque las fuerzas no están prepararadas para darles ese estudio secundario en todos esos años”.
También la Junta Ejecutiva de Ctera y la Secretaría de Derechos Humanos de CTA repudiaron el proyecto por discriminatorio.
Al mismo tiempo, del lado de la oposición, especialmente del radicalismo que llevó adelante el proyecto, no se logró obtener ninguna posición a favor del proyecto. Sólo un incontrastable silencio.
Unos días antes de que el Senado diera media sanción a la solución de acuartelamiento educativo para pobres, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado invitó a relatar su experiencia a la pediatra mendocina Viviana Zavala, directora mientras funcionó, del SCV en su provincia. Para demostrar la profunda veta educativa de la propuesta, la médica mencionó el proyecto “es un tema prioritario para la prevención de la delincuencia”. Ningún otro proyecto logró lo que éste: enviar chicos a un cuartel pseudoescuela no como proyección de sus vidas, sino para evitar que roben. En una provincia cuya principal cárcel llevó a la Argentina ante los tribunales internacionales por la horrorosa situación de sus presos, la preocupación no parece ser qué será de las vidas de los internados, sino poner a buen resguardo los propios bienes.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-154148-2010-10-01.html
jueves, 30 de septiembre de 2010
"Un proyecto de educación tratado en el paquete de seguridad"
Entrevista que me realizaron el 30/9/2010 en Rap, Colectivo de colectivos, Radio FM Futura 90.5 de La Plata
Otra vez los cuarteles, ahora para estudiar
La iniciativa que crea el Servicio Cívico Voluntario prevé que jóvenes de 14 a 25 años en situación de vulnerabilidad social sean contenidos en las unidades militares. Votaron a favor la UCR y el PJ disidente y se opusieron el oficialismo y sus aliados.
El Servicio Cívico Voluntario prevé un programa de capacitación en oficios para jóvenes de entre 14 y 24 años, que se encuentren en situación de riesgo, y a cambio recibirán una beca equivalente a tres asignaciones universales y podrán finalizar sus estudios formales primarios y secundarios.
La idea tiene su antecedente en una experiencia llevada a cabo por Julio Cobos en Mendoza, que fue de mal en peor: el número de asistentes voluntarios se redujo en un par de años en un 40 por ciento.
El proyecto votado ayer es el resultado de un dictamen por mayoría alcanzado la semana pasada y que unificaba los proyectos de los radicales mendocinos Sanz y Montero, del puntano Rodríguez Saa y del oficialista Pampuro. El dictamen por mayoría fue votado el 21 en un plenario de las comisiones antes mencionadas, impulsado por la presidenta de Justicia y Asuntos Penales, la opositora salteña Sonia Escudero, y la representante eclesiástica Liliana Negre de Alonso, entre otros. Pero también el de la oficialista díscola Adriana Bortolozzi de Bogado.
La senadora Blanca Osuna, vicepresidenta de la Comisión de Educación, denunció que el proyecto “propone una especie de internado en las dependencias militares para algunos jóvenes. Pero no cualquiera. Está dedicado a los jóvenes en situación de riesgo, los más pobres”. La senadora también denunció que “el dictamen no fue girado a la Comisión de Educación”, lo que revela las pretensiones de los redactores del proyecto: pese a que está planteado como un sistema de educación, fue ingresado a comisiones de seguridad y tratado en el proyecto de leyes consideradas de seguridad, junto a la de salideras bancarias y a la de desaparición forzada de personas.
El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, criticó la iniciativa porque “en el fondo subyace el riesgo de reinstaurar un servicio militar light”, porque “podría actuar como disciplinador social”, al tiempo que significaría “el retorno de las fuerzas militares en temas de la seguridad publica”, que fue eliminado por ley durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
“Es un horror, un eufemismo decir que es un proyecto educativo cuando lo único que hace es discriminar a los pobres”, sostuvo Claudia Cesaroni, directora adjunta de la Asociación para la Prevención de la Tortura. “Más que de educación es un plan de criminología cosmética, parece un problema de disciplina, parece que todo queda reducido a los jóvenes que tienen anulados sus derechos de educarse en escuelas públicas”, sostuvo el defensor general de San Nicolás, Gabriel Ganón.
“Más allá de los intereses que han motivado a los senadores a redactar y votar el proyecto, hoy en Argentina rige la Ley Nacional de Educación que hace obligatorio el acceso de todos los jóvenes a la educación primaria y secundaria –señaló Gimol Pinto, especialista en protección de la infancia de Unicef Argentina–. Y muchos adolescentes no están pudiendo ejercer ese derecho fundamental. También está vigente la ley de prohibición del trabajo infantil que prohíbe el trabajo hasta los 16 años. Lo central es que el Estado debe garantizar que los chicos que se encuentran en exclusión tienen que estar en la escuela y tienen la educación garantizada por el Estado y la solución no pasa por abrirles talleres alternativos.”
“¿Y qué tiene de malo que el Estado ayude a chicos que no tienen acceso a la escolaridad y que se encuentran en situación de riesgo?”, fue la defensa que abrumó durante la sesión de ayer. Los senadores que adoptaron ese discurso hicieron el olímpico salteo de la propuesta educativa: la mecánica de tratamiento figura en la labor parlamentaria, que evidenció que se trató de una propuesta más sobre el problema de la seguridad.
El proyecto pone como requisitos tener entre 14 y 24 años, pasar un control médico psicofísico, sostiene que el contenido de los cursos y capacitaciones será elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación (pese a que no ingresó a la Comisión apropiada) y se desarrollará en instalaciones del Ejército que se encuentren en desuso, pese a que el Ejército rechazó el convite.
El proyecto, ahora, deberá ingresar en Diputados donde deberá superar el primer escollo: ¿la comisión de cabecera será la de Seguridad o la de Educación?
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-154087-2010-09-30.html
Por Horacio Cecchi
El proyecto de la educación de jóvenes en cuarteles logró su media sanción en el Senado con un resultado ajustado, en el que los votos a favor los pusieron el radicalismo y el peronismo disidente y el rechazo estuvo dominado por la bancada oficialista. El texto propone que los jóvenes “en situación de riesgo” tengan una oportunidad de concluir sus estudios nada menos que en cuarteles militares, salteando las instituciones educativas públicas existentes. El Ejército, que según los senadores votantes debería ser el espacio de recepción y contención de esos jóvenes, rechazó –como ya informó este diario– el convite de transformarse en un bachillerato incorporado para pobres, sosteniendo que no forma parte de sus funciones ni sus integrantes están preparados para dedicarse a este tipo de actividad docente. Como un indicio del grado educativo del proyecto, baste recordar que fue tratado por las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Seguridad Interior y Narcotráfico y no fue enviado a la Comisión de Educación. La votación, para más datos, fue tratada dentro de un paquete de leyes de seguridad.
La iniciativa corrió por cuenta de los radicales mendocinos Ernesto Sanz y Laura Montero, el sa(a)dismo puntano y el oficialista José Pampuro, aunque este último finalmente no se presentó a la votación, en línea con la decisión del FpV de rechazar el proyecto. El Servicio Cívico fue votado por 33 senadores (UCR y PJ disidente) y rechazado por 31 (el oficialismo y sus principales aliados, entre ellos los senadores fueguinos que responden a la gobernadora Fabiana Ríos). Hubo dos abstenciones (Norma Morandini y Eugenia Estenssoro) y seis ausencias, entre las que figuran las de Pampuro y Roxana Latorre (que estuvo de viaje con la Presidenta) y la del socialista Rubén Giustiniani, quien sí se presentó luego a votar la ley de salideras.El Servicio Cívico Voluntario prevé un programa de capacitación en oficios para jóvenes de entre 14 y 24 años, que se encuentren en situación de riesgo, y a cambio recibirán una beca equivalente a tres asignaciones universales y podrán finalizar sus estudios formales primarios y secundarios.
La idea tiene su antecedente en una experiencia llevada a cabo por Julio Cobos en Mendoza, que fue de mal en peor: el número de asistentes voluntarios se redujo en un par de años en un 40 por ciento.
El proyecto votado ayer es el resultado de un dictamen por mayoría alcanzado la semana pasada y que unificaba los proyectos de los radicales mendocinos Sanz y Montero, del puntano Rodríguez Saa y del oficialista Pampuro. El dictamen por mayoría fue votado el 21 en un plenario de las comisiones antes mencionadas, impulsado por la presidenta de Justicia y Asuntos Penales, la opositora salteña Sonia Escudero, y la representante eclesiástica Liliana Negre de Alonso, entre otros. Pero también el de la oficialista díscola Adriana Bortolozzi de Bogado.
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El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, criticó la iniciativa porque “en el fondo subyace el riesgo de reinstaurar un servicio militar light”, porque “podría actuar como disciplinador social”, al tiempo que significaría “el retorno de las fuerzas militares en temas de la seguridad publica”, que fue eliminado por ley durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
“Es un horror, un eufemismo decir que es un proyecto educativo cuando lo único que hace es discriminar a los pobres”, sostuvo Claudia Cesaroni, directora adjunta de la Asociación para la Prevención de la Tortura. “Más que de educación es un plan de criminología cosmética, parece un problema de disciplina, parece que todo queda reducido a los jóvenes que tienen anulados sus derechos de educarse en escuelas públicas”, sostuvo el defensor general de San Nicolás, Gabriel Ganón.
“Más allá de los intereses que han motivado a los senadores a redactar y votar el proyecto, hoy en Argentina rige la Ley Nacional de Educación que hace obligatorio el acceso de todos los jóvenes a la educación primaria y secundaria –señaló Gimol Pinto, especialista en protección de la infancia de Unicef Argentina–. Y muchos adolescentes no están pudiendo ejercer ese derecho fundamental. También está vigente la ley de prohibición del trabajo infantil que prohíbe el trabajo hasta los 16 años. Lo central es que el Estado debe garantizar que los chicos que se encuentran en exclusión tienen que estar en la escuela y tienen la educación garantizada por el Estado y la solución no pasa por abrirles talleres alternativos.”
“¿Y qué tiene de malo que el Estado ayude a chicos que no tienen acceso a la escolaridad y que se encuentran en situación de riesgo?”, fue la defensa que abrumó durante la sesión de ayer. Los senadores que adoptaron ese discurso hicieron el olímpico salteo de la propuesta educativa: la mecánica de tratamiento figura en la labor parlamentaria, que evidenció que se trató de una propuesta más sobre el problema de la seguridad.
El proyecto pone como requisitos tener entre 14 y 24 años, pasar un control médico psicofísico, sostiene que el contenido de los cursos y capacitaciones será elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación (pese a que no ingresó a la Comisión apropiada) y se desarrollará en instalaciones del Ejército que se encuentren en desuso, pese a que el Ejército rechazó el convite.
El proyecto, ahora, deberá ingresar en Diputados donde deberá superar el primer escollo: ¿la comisión de cabecera será la de Seguridad o la de Educación?
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-154087-2010-09-30.html
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