Presentación ante el TSJ de Córdoba
jueves, 7 de octubre de 2010
Habeas corpus por el habeas corpus (2)
Texto de la nota presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba y listado de organizaciones y personas que adhirieron a la misma, reclamando por la vigencia y efectividad de la garantía del habeas corpus
Presentación ante el TSJ de Córdoba
Presentación ante el TSJ de Córdoba
miércoles, 6 de octubre de 2010
Un reclamo con zona liberada
AMENAZAS A UN JUEZ Y UN FISCAL MARPLATENSES POR EL ASALTO A UN KIOSQUERO
Por Horacio Cecchi
El fiscal encargado de la investigación fue Mariano Moyano; como juez de Garantías de turno se encontraba Saúl Errandonea, titular del juzgado 2. A poco de la investigación, una línea errónea derivó en la detención de un hombre. “Lo llevaron a rueda de reconocimiento, pero no fue reconocido ni por los testigos que estaban dentro ni por los que estaban fuera”, reveló una fuente judicial a este diario. Cruzando la calle, un autoservicio había sido asaltado segundos antes, y de allí el ladrón había pasado al kiosco. La dueña del supermercadito tampoco había logrado reconocer al detenido. Jurídicamente, no había muchas opciones. El fiscal abandonó el pedido de detención y el juez ordenó su libertad.
Lo que siguió dio lugar a ciertas suspicacias. “El fiscal venía investigando bien. Si hasta venía trabajando con la familia y le decía: ‘No queremos detener perejiles, queremos resolver el caso’”, confió la misma fuente. Pero el martes 28, a la tarde, después de abandonar el despacho, la misma familia encabezó una marcha, acompañada por la ONG que impulsa la pena de muerte, que se dirigió a la casa del fiscal, alentada por los medios y voces altisonantes de apoyo a la policía. Dos días más tarde, la misma marcha se dirigió hacia la casa de Errandonea. En ambos casos el reclamo resultó curioso: pedían que los jueces “no aten las manos a la policía”, frase mucho más locuaz que lo que da a entender su aspecto confuso. “El reclamo por la inacción policial se dirige contra los jueces como si dependiera de los jueces y no del poder político –sostuvo la misma fuente–. Hay más de un policía al que le cortaron los negocios que está apoyando los reclamos.”
Al mediodía del 30, antes de que el escrache se concentrara ante la casa del juez, la Bonaerense avisó a su casa y al propio magistrado que la marcha se concentraría en su puerta y con intenciones escasamente amigables. Horas después, el propio juez confirmó la concentración no por un alerta policial –no había medio uniformado a una cuadra a la redonda–, sino por el griterío delante de sus ventanas. De allí a sentirse amenazado había ninguna distancia. Los medios, que en la reciente marcha en reclamo por la ley de medios se habían rasgado las vestiduras en presunto resguardo del Poder Judicial, no sólo no dijeron ni mu sino que acompañaron, produjeron y marcaron direcciones.
Entre el sábado y domingo pasado, el fiscal, con pruebas más contundentes, había dado con el conductor de la moto, de 16 años, y pedía la captura del adulto, que había disparado y está prófugo. A diez días del asalto, el caso en buena parte puede considerarse resuelto. Hoy se realizará una marcha por las manos policiales libres.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-154425-2010-10-06.html
Aunque el caso del kiosquero Dardo Molina, baleado durante un asalto, fue prácticamente resuelto en diez días, se realizaron marchas con amenazas a la casa del fiscal y el juez, sin que hubiera custodia de la Bonaerense. Fuerte repudio judicial.
Por Horacio Cecchi
En Mar del Plata lo conocen como el caso de Dardo Molina, un kiosquero asaltado el 22 del mes pasado que, por la irrefrenable decisión de resistir con un arma, fue baleado. Cuatro disparos, uno de ellos le impactó en la cabeza. Diez días después, el caso estaba casi resuelto, con un detenido y un prófugo a punto de caer. Pero los familiares y vecinos del herido, apoyados por la ONG Familiares de Víctimas del Delito y por el correveidile policial, marcharon a la casa del fiscal y luego del juez del caso, con amenazas de incendiarlas, y al curioso grito de “¡Basta de asesinatos! ¡Acá hay que aplicar la pena de muerte!”. Las movilizaciones fueron realizadas con una notable ausencia de vigilancia policial, verbigracia, zona liberada. Las amenazas derivaron en durísimos documentos de repudio por parte del plenario de la Cámara de Apelaciones marplatense, de la Red de Jueces Penales de la provincia, y de la Fiscalía General de Mar del Plata. Un integrante de la ONG negó que se hubieran realizado escraches: “Se pueden tomar como visitas –aclaró suspicaz un tal Ariel–. Lo peor va a ser el miércoles”, dijo, por hoy. Curiosamente, esta vez nadie se rasgó las vestiduras por las amenazas a los jueces.
El miércoles 22, alrededor de las ocho de la noche, un joven entró en el maxikiosco de la esquina de Luro y 190, no lejos del centro marplatense. Dardo Molina atendía en ese momento a un par de clientes cuando el joven lo amenazó con un arma. El kiosquero intentó manotear un arma que tenía guardada. Error. El asaltante disparó cuatro veces. Una de las balas impactó a Molina en la cabeza y lo hirió gravemente. El asaltante salió corriendo, trepó a una moto que lo esperaba y huyó con su cómplice. El caso, que de-sató inmediatos reclamos, mantiene una serie de curiosidades.El fiscal encargado de la investigación fue Mariano Moyano; como juez de Garantías de turno se encontraba Saúl Errandonea, titular del juzgado 2. A poco de la investigación, una línea errónea derivó en la detención de un hombre. “Lo llevaron a rueda de reconocimiento, pero no fue reconocido ni por los testigos que estaban dentro ni por los que estaban fuera”, reveló una fuente judicial a este diario. Cruzando la calle, un autoservicio había sido asaltado segundos antes, y de allí el ladrón había pasado al kiosco. La dueña del supermercadito tampoco había logrado reconocer al detenido. Jurídicamente, no había muchas opciones. El fiscal abandonó el pedido de detención y el juez ordenó su libertad.
Lo que siguió dio lugar a ciertas suspicacias. “El fiscal venía investigando bien. Si hasta venía trabajando con la familia y le decía: ‘No queremos detener perejiles, queremos resolver el caso’”, confió la misma fuente. Pero el martes 28, a la tarde, después de abandonar el despacho, la misma familia encabezó una marcha, acompañada por la ONG que impulsa la pena de muerte, que se dirigió a la casa del fiscal, alentada por los medios y voces altisonantes de apoyo a la policía. Dos días más tarde, la misma marcha se dirigió hacia la casa de Errandonea. En ambos casos el reclamo resultó curioso: pedían que los jueces “no aten las manos a la policía”, frase mucho más locuaz que lo que da a entender su aspecto confuso. “El reclamo por la inacción policial se dirige contra los jueces como si dependiera de los jueces y no del poder político –sostuvo la misma fuente–. Hay más de un policía al que le cortaron los negocios que está apoyando los reclamos.”
Al mediodía del 30, antes de que el escrache se concentrara ante la casa del juez, la Bonaerense avisó a su casa y al propio magistrado que la marcha se concentraría en su puerta y con intenciones escasamente amigables. Horas después, el propio juez confirmó la concentración no por un alerta policial –no había medio uniformado a una cuadra a la redonda–, sino por el griterío delante de sus ventanas. De allí a sentirse amenazado había ninguna distancia. Los medios, que en la reciente marcha en reclamo por la ley de medios se habían rasgado las vestiduras en presunto resguardo del Poder Judicial, no sólo no dijeron ni mu sino que acompañaron, produjeron y marcaron direcciones.
Entre el sábado y domingo pasado, el fiscal, con pruebas más contundentes, había dado con el conductor de la moto, de 16 años, y pedía la captura del adulto, que había disparado y está prófugo. A diez días del asalto, el caso en buena parte puede considerarse resuelto. Hoy se realizará una marcha por las manos policiales libres.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-154425-2010-10-06.html
lunes, 4 de octubre de 2010
La APDH también se opuso al Servicio Cívico Voluntario
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) La Plata, afirmó que el proyecto que establece el Servicio Cívico Voluntario "se concibe en el marco de una avanzada de los sectores de derecha, que insisten en que las Fuerzas Armadas vuelvan a opinar sobre asuntos de seguridad interior”.
La APDH emitió un comunicado de repudio al proyecto sancionado por el Senado nacional la semana pasada, por considerar que ese tipo de propuestas "se impulsan para avalar un sistema que ha decidido dar respuestas demagógicas a una sociedad que reclama seguridad, acalorando la histeria punitiva”.
En ese sentido, calificaron de cuestionable el modo en que se procede desde el órgano democrático que alberga a los elegidos por el pueblo, que no han convocado en ninguna instancia de la elaboración del proyecto a la Comisión de Educación de la Cámara, como así tampoco al Ministerio de Educación ni al de Defensa, contemplado por la ley, nada menos que como los órganos de aplicación”.
“No es un dato menor que el Ejército rechace públicamente el proyecto de utilizar sus instalaciones y personal para el Servicio Cívico Voluntario por contradecir su rol constitucional y el marco legal vigente”, consideraron.
Télam
La APDH emitió un comunicado de repudio al proyecto sancionado por el Senado nacional la semana pasada, por considerar que ese tipo de propuestas "se impulsan para avalar un sistema que ha decidido dar respuestas demagógicas a una sociedad que reclama seguridad, acalorando la histeria punitiva”.
En ese sentido, calificaron de cuestionable el modo en que se procede desde el órgano democrático que alberga a los elegidos por el pueblo, que no han convocado en ninguna instancia de la elaboración del proyecto a la Comisión de Educación de la Cámara, como así tampoco al Ministerio de Educación ni al de Defensa, contemplado por la ley, nada menos que como los órganos de aplicación”.
“No es un dato menor que el Ejército rechace públicamente el proyecto de utilizar sus instalaciones y personal para el Servicio Cívico Voluntario por contradecir su rol constitucional y el marco legal vigente”, consideraron.
Télam
Un habeas corpus de oficina
El miércoles, jueces, expertos y ONG de todo el país presentarán un petitorio ante la Corte cordobesa solicitando que se reglamente el hábeas corpus. Por ahora, la garantía de cumplimiento urgente sólo se puede pedir en horario de Tribunales.
Por Horacio Cecchi
El próximo miércoles, jueces y camaristas de todo el país, especialistas en derecho, abogados y representantes de organismos de derechos humanos entregarán un petitorio ante el máximo tribunal de la provinci.jpg)
a de Córdoba. La solicitud es tan sencilla como absurdo y arcaico el hecho que la motiva: en la provincia mediterránea, que podría jactarse de un Código Procesal Penal de avanzada, no existe la figura del hábeas corpus. Corrección: no es que no exista, funciona sólo en horario de oficina, días laborables de 8.30 a 13.30. A los efectos protectivos de una persona detenida es inútil en el 85 por ciento de la semana. Según un trabajo realizado por el abogado constitucionalista Horacio Etchichury y la diputada provincial Adela Coria, la policía produjo 54.223 arrestos por el Código de Faltas. Si se tiene en cuenta que en el CF el comisario es quien detiene y quien juzga y sanciona por una falta como el merodeo –en el que todo depende de la veleidad del olfato policial–, la ausencia del hábeas corpus hace del detenido una cosa de feriado, horario nocturno o fin de semana.
El texto del pedido, promovido por el constitucionalista cordobés Horacio Etchechury y a nivel nacional por la ONG Asociación Pensamiento Penal, sostiene que “el hábeas corpus permite solicitar a un juez que impida o ponga fin a una detención ilegal o injustificada”. La ausencia de reglamentación del HC impide garantizar la intervención inmediata, lo que contradice el artículo 43 de la Constitución Nacional.
Durante el año pasado, en Córdoba sólo por arrestos por supuestas faltas cometidas al Código de Faltas fueron realizados 54.223 arrestos, según datos aportados por la policía de Córdoba. Cerca de la mitad (49 por ciento) correspondieron a jóvenes de hasta 25 años. En la capital provincial, los arrestos a jóvenes aumentan hasta casi el 70 por ciento.
“¿Qué ocurre ante una detención efectuada durante la noche o el fin de semana, fuera del horario de oficina de los tribunales?”, se preguntan en el escrito los firmantes. Nada. No ocurre nada, es decir, puede pasar cualquier cosa, pero el juez se enterará recién el lunes, pasado el desayuno. “La demora en tramitar un hábeas corpus resulta peligrosa –sostiene el escrito–. Significa que la persona detenida permanece sin la protección de un juez, lo que afecta el derecho a la tutela judicial efectiva.” En términos más carnales que la letra de una ley, la demora, como en el caso Bulacio (por el que Argentina fue sancionada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos), puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un arrestado por una falta, que ni siquiera es delito y ni se sabe si es falta.
La polémica figura del merodeo, que castiga con arresto a quien esté “en actitud sospechosa” según el olfato policial, tiene sus cifras. Según la policía cordobesa, sólo en 2009, en el Departamento de Punilla, de los 3400 arrestos por contravenciones, la cuarta parte (848) correspondió a merodeos. “Todavía nadie ha explicado cómo el arresto por ‘merodeo’ contribuye a la seguridad pública”, sostienen los firmantes.
El Código de Faltas cordobés ni siquiera garantiza la presencia de un abogado defensor. Para colmo, el comisario hace y deshace: detiene merced a la voluntad de su olfato y luego sanciona en función de las pruebas obtenidas por él mismo como sabueso.
La lista de adhesiones a la presentación pro hábeas corpus full time es amplia y marcada por especialistas de primera línea. Carlos Chiara Díaz (Tribunal Superior de Entre Ríos), Benjamín Sal Llargués (Casación bonaerense), Marcelo Riquert, Ricardo Favarotto y Esteban Viñas (camaristas de Mar del Plata), Mario Juliano (Tribunal Oral 1 de Necochea) Gonzalo Rúa (contravencional y penal porteño), especialistas como Alberto Binder, Maximiliano Rusconi, Alberto Bovino o Claudia Cesaroni.
publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-154302-2010-10-04.html
Por Horacio Cecchi
El próximo miércoles, jueces y camaristas de todo el país, especialistas en derecho, abogados y representantes de organismos de derechos humanos entregarán un petitorio ante el máximo tribunal de la provinci
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a de Córdoba. La solicitud es tan sencilla como absurdo y arcaico el hecho que la motiva: en la provincia mediterránea, que podría jactarse de un Código Procesal Penal de avanzada, no existe la figura del hábeas corpus. Corrección: no es que no exista, funciona sólo en horario de oficina, días laborables de 8.30 a 13.30. A los efectos protectivos de una persona detenida es inútil en el 85 por ciento de la semana. Según un trabajo realizado por el abogado constitucionalista Horacio Etchichury y la diputada provincial Adela Coria, la policía produjo 54.223 arrestos por el Código de Faltas. Si se tiene en cuenta que en el CF el comisario es quien detiene y quien juzga y sanciona por una falta como el merodeo –en el que todo depende de la veleidad del olfato policial–, la ausencia del hábeas corpus hace del detenido una cosa de feriado, horario nocturno o fin de semana.El texto del pedido, promovido por el constitucionalista cordobés Horacio Etchechury y a nivel nacional por la ONG Asociación Pensamiento Penal, sostiene que “el hábeas corpus permite solicitar a un juez que impida o ponga fin a una detención ilegal o injustificada”. La ausencia de reglamentación del HC impide garantizar la intervención inmediata, lo que contradice el artículo 43 de la Constitución Nacional.
Durante el año pasado, en Córdoba sólo por arrestos por supuestas faltas cometidas al Código de Faltas fueron realizados 54.223 arrestos, según datos aportados por la policía de Córdoba. Cerca de la mitad (49 por ciento) correspondieron a jóvenes de hasta 25 años. En la capital provincial, los arrestos a jóvenes aumentan hasta casi el 70 por ciento.
“¿Qué ocurre ante una detención efectuada durante la noche o el fin de semana, fuera del horario de oficina de los tribunales?”, se preguntan en el escrito los firmantes. Nada. No ocurre nada, es decir, puede pasar cualquier cosa, pero el juez se enterará recién el lunes, pasado el desayuno. “La demora en tramitar un hábeas corpus resulta peligrosa –sostiene el escrito–. Significa que la persona detenida permanece sin la protección de un juez, lo que afecta el derecho a la tutela judicial efectiva.” En términos más carnales que la letra de una ley, la demora, como en el caso Bulacio (por el que Argentina fue sancionada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos), puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un arrestado por una falta, que ni siquiera es delito y ni se sabe si es falta.
La polémica figura del merodeo, que castiga con arresto a quien esté “en actitud sospechosa” según el olfato policial, tiene sus cifras. Según la policía cordobesa, sólo en 2009, en el Departamento de Punilla, de los 3400 arrestos por contravenciones, la cuarta parte (848) correspondió a merodeos. “Todavía nadie ha explicado cómo el arresto por ‘merodeo’ contribuye a la seguridad pública”, sostienen los firmantes.
El Código de Faltas cordobés ni siquiera garantiza la presencia de un abogado defensor. Para colmo, el comisario hace y deshace: detiene merced a la voluntad de su olfato y luego sanciona en función de las pruebas obtenidas por él mismo como sabueso.
La lista de adhesiones a la presentación pro hábeas corpus full time es amplia y marcada por especialistas de primera línea. Carlos Chiara Díaz (Tribunal Superior de Entre Ríos), Benjamín Sal Llargués (Casación bonaerense), Marcelo Riquert, Ricardo Favarotto y Esteban Viñas (camaristas de Mar del Plata), Mario Juliano (Tribunal Oral 1 de Necochea) Gonzalo Rúa (contravencional y penal porteño), especialistas como Alberto Binder, Maximiliano Rusconi, Alberto Bovino o Claudia Cesaroni.
publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-154302-2010-10-04.html
viernes, 1 de octubre de 2010
Esa rara prevención educativa
El proyecto de Servicio Cívico Voluntario, que tuvo media sanción en el Senado, ya empezó a recibir críticas en Diputados, donde de todos modos la oposición tiene mayoría. La ministra Garré lo tildó de “disparate inviable” y los expertos como una aberración.
Por Horacio Cecchi
El proyecto sancionado en el Senado para dar educación en cuarteles a pobres voluntarios, jóvenes, mantiene el suspenso antes de su ingreso en Diputados. Su sombra ya motivó rispideces, silencios y durísimos cuestionamientos de especialistas y de diputados de la Comisión de Educación a la que, según la lógica común (no la que se siguió en el Senado), debería ingresar en primer término. Si llegara a cumplir con su objeto formalmente anunciado, la educación, debería ingresar a esta comisión en la que no le espera un camino sencillo: compuesta por unos cuantos especialistas de primera línea en educación pública no militarizada, unos cuantos de ellos anticiparon que rechazarían por “bárbara, horrorosa, absurda y retrógrada” la propuesta. Para peor, la otra área que debería tener participación, Defensa, por tratarse de espacios del Ejército, reiteró su rechazo en boca de la ministra Garré: “Es literalmente un disparate inviable”.
El proyecto, que salió con media sanción en el Senado, no había ingresado formalmente en Diputados y no tenía adjudicada comisión de inicio de su trámite. La de Educación, que es donde debiera ingresar si el planteo educativo fuera verídico, está presidida por Adriana Puiggrós, del FpV, ausente del país, pero cuyo entorno adelantó a este diario la certeza de que rechazará el proyecto. Alcira Argumedo, de Proyecto Sur, socióloga e investigadora del Conicet, también integrante de la Comisión de Educación, sostuvo que “es la contracara de la penalización de los jóvenes en situación de riesgo, una idea distractiva para que dejen de robar, cuando si roban son el último eslabón. Ningún chico mata para robar un auto y después salir con su novia. Mata para entregar el auto a una cadena de desarmado y reventa de las piezas, cubierta por la policía y los políticos, conocida porque nadie tiene un desarmadero en su dormitorio. Hay que actuar sobre las causas y no sobre los efectos, como están proponiendo con este proyecto”.
En la misma comisión ya descuentan la posición del oficialismo, que rechazó en bloque el proyecto en el Senado, o especialistas que integraron cargos o tienen proximidad con la especialidad en diferentes niveles de la educación en diferentes provincias y en la Nación.
Por su lado, fuera del Congreso, la directora ejecutiva del Casacidn, la entidad encargada de la vigilancia de los derechos de la niñez en el país, dio su perspectiva crítica: “Esta barbaridad tiene relación con lo que decían ustedes de la policía juvenil la semana pasada. Se usa la misma excusa, la de solucionar el problema sacando a los chicos pobres de la calle. A esos chicos a los que no se les da la posibilidad de acceso a las políticas públicas, se les inventa una política diferencial. Es una aberración, es la exclusión en la exclusión. ¿Les quieren enseñar oficios? Escuelas técnicas hay muchísimas en el país y de primer nivel, pero ahí no se pretende llevarlos”.
La ministra de Defensa Nilda Garré consideró al proyecto “inviable, literalmente un disparate sin criterio. Subyace una idea de militarizar la situación de estos jóvenes. Es la vieja idea de que el orden, la jerarquía, autoridad y mecanismos más duros van a mejorar la conducta de los jóvenes”. Y agregó que “en el caso de los soldados voluntarios, que están diez años en la fuerza, la gran mayoría de ellos no tiene el secundario terminado, porque las fuerzas no están prepararadas para darles ese estudio secundario en todos esos años”.
También la Junta Ejecutiva de Ctera y la Secretaría de Derechos Humanos de CTA repudiaron el proyecto por discriminatorio.
Al mismo tiempo, del lado de la oposición, especialmente del radicalismo que llevó adelante el proyecto, no se logró obtener ninguna posición a favor del proyecto. Sólo un incontrastable silencio.
Unos días antes de que el Senado diera media sanción a la solución de acuartelamiento educativo para pobres, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado invitó a relatar su experiencia a la pediatra mendocina Viviana Zavala, directora mientras funcionó, del SCV en su provincia. Para demostrar la profunda veta educativa de la propuesta, la médica mencionó el proyecto “es un tema prioritario para la prevención de la delincuencia”. Ningún otro proyecto logró lo que éste: enviar chicos a un cuartel pseudoescuela no como proyección de sus vidas, sino para evitar que roben. En una provincia cuya principal cárcel llevó a la Argentina ante los tribunales internacionales por la horrorosa situación de sus presos, la preocupación no parece ser qué será de las vidas de los internados, sino poner a buen resguardo los propios bienes.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-154148-2010-10-01.html
Por Horacio Cecchi
El proyecto sancionado en el Senado para dar educación en cuarteles a pobres voluntarios, jóvenes, mantiene el suspenso antes de su ingreso en Diputados. Su sombra ya motivó rispideces, silencios y durísimos cuestionamientos de especialistas y de diputados de la Comisión de Educación a la que, según la lógica común (no la que se siguió en el Senado), debería ingresar en primer término. Si llegara a cumplir con su objeto formalmente anunciado, la educación, debería ingresar a esta comisión en la que no le espera un camino sencillo: compuesta por unos cuantos especialistas de primera línea en educación pública no militarizada, unos cuantos de ellos anticiparon que rechazarían por “bárbara, horrorosa, absurda y retrógrada” la propuesta. Para peor, la otra área que debería tener participación, Defensa, por tratarse de espacios del Ejército, reiteró su rechazo en boca de la ministra Garré: “Es literalmente un disparate inviable”.
El proyecto, que salió con media sanción en el Senado, no había ingresado formalmente en Diputados y no tenía adjudicada comisión de inicio de su trámite. La de Educación, que es donde debiera ingresar si el planteo educativo fuera verídico, está presidida por Adriana Puiggrós, del FpV, ausente del país, pero cuyo entorno adelantó a este diario la certeza de que rechazará el proyecto. Alcira Argumedo, de Proyecto Sur, socióloga e investigadora del Conicet, también integrante de la Comisión de Educación, sostuvo que “es la contracara de la penalización de los jóvenes en situación de riesgo, una idea distractiva para que dejen de robar, cuando si roban son el último eslabón. Ningún chico mata para robar un auto y después salir con su novia. Mata para entregar el auto a una cadena de desarmado y reventa de las piezas, cubierta por la policía y los políticos, conocida porque nadie tiene un desarmadero en su dormitorio. Hay que actuar sobre las causas y no sobre los efectos, como están proponiendo con este proyecto”.
En la misma comisión ya descuentan la posición del oficialismo, que rechazó en bloque el proyecto en el Senado, o especialistas que integraron cargos o tienen proximidad con la especialidad en diferentes niveles de la educación en diferentes provincias y en la Nación.
Por su lado, fuera del Congreso, la directora ejecutiva del Casacidn, la entidad encargada de la vigilancia de los derechos de la niñez en el país, dio su perspectiva crítica: “Esta barbaridad tiene relación con lo que decían ustedes de la policía juvenil la semana pasada. Se usa la misma excusa, la de solucionar el problema sacando a los chicos pobres de la calle. A esos chicos a los que no se les da la posibilidad de acceso a las políticas públicas, se les inventa una política diferencial. Es una aberración, es la exclusión en la exclusión. ¿Les quieren enseñar oficios? Escuelas técnicas hay muchísimas en el país y de primer nivel, pero ahí no se pretende llevarlos”.
La ministra de Defensa Nilda Garré consideró al proyecto “inviable, literalmente un disparate sin criterio. Subyace una idea de militarizar la situación de estos jóvenes. Es la vieja idea de que el orden, la jerarquía, autoridad y mecanismos más duros van a mejorar la conducta de los jóvenes”. Y agregó que “en el caso de los soldados voluntarios, que están diez años en la fuerza, la gran mayoría de ellos no tiene el secundario terminado, porque las fuerzas no están prepararadas para darles ese estudio secundario en todos esos años”.
También la Junta Ejecutiva de Ctera y la Secretaría de Derechos Humanos de CTA repudiaron el proyecto por discriminatorio.
Al mismo tiempo, del lado de la oposición, especialmente del radicalismo que llevó adelante el proyecto, no se logró obtener ninguna posición a favor del proyecto. Sólo un incontrastable silencio.
Unos días antes de que el Senado diera media sanción a la solución de acuartelamiento educativo para pobres, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado invitó a relatar su experiencia a la pediatra mendocina Viviana Zavala, directora mientras funcionó, del SCV en su provincia. Para demostrar la profunda veta educativa de la propuesta, la médica mencionó el proyecto “es un tema prioritario para la prevención de la delincuencia”. Ningún otro proyecto logró lo que éste: enviar chicos a un cuartel pseudoescuela no como proyección de sus vidas, sino para evitar que roben. En una provincia cuya principal cárcel llevó a la Argentina ante los tribunales internacionales por la horrorosa situación de sus presos, la preocupación no parece ser qué será de las vidas de los internados, sino poner a buen resguardo los propios bienes.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-154148-2010-10-01.html
jueves, 30 de septiembre de 2010
"Un proyecto de educación tratado en el paquete de seguridad"
Entrevista que me realizaron el 30/9/2010 en Rap, Colectivo de colectivos, Radio FM Futura 90.5 de La Plata
Otra vez los cuarteles, ahora para estudiar
La iniciativa que crea el Servicio Cívico Voluntario prevé que jóvenes de 14 a 25 años en situación de vulnerabilidad social sean contenidos en las unidades militares. Votaron a favor la UCR y el PJ disidente y se opusieron el oficialismo y sus aliados.
El Servicio Cívico Voluntario prevé un programa de capacitación en oficios para jóvenes de entre 14 y 24 años, que se encuentren en situación de riesgo, y a cambio recibirán una beca equivalente a tres asignaciones universales y podrán finalizar sus estudios formales primarios y secundarios.
La idea tiene su antecedente en una experiencia llevada a cabo por Julio Cobos en Mendoza, que fue de mal en peor: el número de asistentes voluntarios se redujo en un par de años en un 40 por ciento.
El proyecto votado ayer es el resultado de un dictamen por mayoría alcanzado la semana pasada y que unificaba los proyectos de los radicales mendocinos Sanz y Montero, del puntano Rodríguez Saa y del oficialista Pampuro. El dictamen por mayoría fue votado el 21 en un plenario de las comisiones antes mencionadas, impulsado por la presidenta de Justicia y Asuntos Penales, la opositora salteña Sonia Escudero, y la representante eclesiástica Liliana Negre de Alonso, entre otros. Pero también el de la oficialista díscola Adriana Bortolozzi de Bogado.
La senadora Blanca Osuna, vicepresidenta de la Comisión de Educación, denunció que el proyecto “propone una especie de internado en las dependencias militares para algunos jóvenes. Pero no cualquiera. Está dedicado a los jóvenes en situación de riesgo, los más pobres”. La senadora también denunció que “el dictamen no fue girado a la Comisión de Educación”, lo que revela las pretensiones de los redactores del proyecto: pese a que está planteado como un sistema de educación, fue ingresado a comisiones de seguridad y tratado en el proyecto de leyes consideradas de seguridad, junto a la de salideras bancarias y a la de desaparición forzada de personas.
El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, criticó la iniciativa porque “en el fondo subyace el riesgo de reinstaurar un servicio militar light”, porque “podría actuar como disciplinador social”, al tiempo que significaría “el retorno de las fuerzas militares en temas de la seguridad publica”, que fue eliminado por ley durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
“Es un horror, un eufemismo decir que es un proyecto educativo cuando lo único que hace es discriminar a los pobres”, sostuvo Claudia Cesaroni, directora adjunta de la Asociación para la Prevención de la Tortura. “Más que de educación es un plan de criminología cosmética, parece un problema de disciplina, parece que todo queda reducido a los jóvenes que tienen anulados sus derechos de educarse en escuelas públicas”, sostuvo el defensor general de San Nicolás, Gabriel Ganón.
“Más allá de los intereses que han motivado a los senadores a redactar y votar el proyecto, hoy en Argentina rige la Ley Nacional de Educación que hace obligatorio el acceso de todos los jóvenes a la educación primaria y secundaria –señaló Gimol Pinto, especialista en protección de la infancia de Unicef Argentina–. Y muchos adolescentes no están pudiendo ejercer ese derecho fundamental. También está vigente la ley de prohibición del trabajo infantil que prohíbe el trabajo hasta los 16 años. Lo central es que el Estado debe garantizar que los chicos que se encuentran en exclusión tienen que estar en la escuela y tienen la educación garantizada por el Estado y la solución no pasa por abrirles talleres alternativos.”
“¿Y qué tiene de malo que el Estado ayude a chicos que no tienen acceso a la escolaridad y que se encuentran en situación de riesgo?”, fue la defensa que abrumó durante la sesión de ayer. Los senadores que adoptaron ese discurso hicieron el olímpico salteo de la propuesta educativa: la mecánica de tratamiento figura en la labor parlamentaria, que evidenció que se trató de una propuesta más sobre el problema de la seguridad.
El proyecto pone como requisitos tener entre 14 y 24 años, pasar un control médico psicofísico, sostiene que el contenido de los cursos y capacitaciones será elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación (pese a que no ingresó a la Comisión apropiada) y se desarrollará en instalaciones del Ejército que se encuentren en desuso, pese a que el Ejército rechazó el convite.
El proyecto, ahora, deberá ingresar en Diputados donde deberá superar el primer escollo: ¿la comisión de cabecera será la de Seguridad o la de Educación?
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-154087-2010-09-30.html
Por Horacio Cecchi
El proyecto de la educación de jóvenes en cuarteles logró su media sanción en el Senado con un resultado ajustado, en el que los votos a favor los pusieron el radicalismo y el peronismo disidente y el rechazo estuvo dominado por la bancada oficialista. El texto propone que los jóvenes “en situación de riesgo” tengan una oportunidad de concluir sus estudios nada menos que en cuarteles militares, salteando las instituciones educativas públicas existentes. El Ejército, que según los senadores votantes debería ser el espacio de recepción y contención de esos jóvenes, rechazó –como ya informó este diario– el convite de transformarse en un bachillerato incorporado para pobres, sosteniendo que no forma parte de sus funciones ni sus integrantes están preparados para dedicarse a este tipo de actividad docente. Como un indicio del grado educativo del proyecto, baste recordar que fue tratado por las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Seguridad Interior y Narcotráfico y no fue enviado a la Comisión de Educación. La votación, para más datos, fue tratada dentro de un paquete de leyes de seguridad.
La iniciativa corrió por cuenta de los radicales mendocinos Ernesto Sanz y Laura Montero, el sa(a)dismo puntano y el oficialista José Pampuro, aunque este último finalmente no se presentó a la votación, en línea con la decisión del FpV de rechazar el proyecto. El Servicio Cívico fue votado por 33 senadores (UCR y PJ disidente) y rechazado por 31 (el oficialismo y sus principales aliados, entre ellos los senadores fueguinos que responden a la gobernadora Fabiana Ríos). Hubo dos abstenciones (Norma Morandini y Eugenia Estenssoro) y seis ausencias, entre las que figuran las de Pampuro y Roxana Latorre (que estuvo de viaje con la Presidenta) y la del socialista Rubén Giustiniani, quien sí se presentó luego a votar la ley de salideras.El Servicio Cívico Voluntario prevé un programa de capacitación en oficios para jóvenes de entre 14 y 24 años, que se encuentren en situación de riesgo, y a cambio recibirán una beca equivalente a tres asignaciones universales y podrán finalizar sus estudios formales primarios y secundarios.
La idea tiene su antecedente en una experiencia llevada a cabo por Julio Cobos en Mendoza, que fue de mal en peor: el número de asistentes voluntarios se redujo en un par de años en un 40 por ciento.
El proyecto votado ayer es el resultado de un dictamen por mayoría alcanzado la semana pasada y que unificaba los proyectos de los radicales mendocinos Sanz y Montero, del puntano Rodríguez Saa y del oficialista Pampuro. El dictamen por mayoría fue votado el 21 en un plenario de las comisiones antes mencionadas, impulsado por la presidenta de Justicia y Asuntos Penales, la opositora salteña Sonia Escudero, y la representante eclesiástica Liliana Negre de Alonso, entre otros. Pero también el de la oficialista díscola Adriana Bortolozzi de Bogado.
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El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, criticó la iniciativa porque “en el fondo subyace el riesgo de reinstaurar un servicio militar light”, porque “podría actuar como disciplinador social”, al tiempo que significaría “el retorno de las fuerzas militares en temas de la seguridad publica”, que fue eliminado por ley durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
“Es un horror, un eufemismo decir que es un proyecto educativo cuando lo único que hace es discriminar a los pobres”, sostuvo Claudia Cesaroni, directora adjunta de la Asociación para la Prevención de la Tortura. “Más que de educación es un plan de criminología cosmética, parece un problema de disciplina, parece que todo queda reducido a los jóvenes que tienen anulados sus derechos de educarse en escuelas públicas”, sostuvo el defensor general de San Nicolás, Gabriel Ganón.
“Más allá de los intereses que han motivado a los senadores a redactar y votar el proyecto, hoy en Argentina rige la Ley Nacional de Educación que hace obligatorio el acceso de todos los jóvenes a la educación primaria y secundaria –señaló Gimol Pinto, especialista en protección de la infancia de Unicef Argentina–. Y muchos adolescentes no están pudiendo ejercer ese derecho fundamental. También está vigente la ley de prohibición del trabajo infantil que prohíbe el trabajo hasta los 16 años. Lo central es que el Estado debe garantizar que los chicos que se encuentran en exclusión tienen que estar en la escuela y tienen la educación garantizada por el Estado y la solución no pasa por abrirles talleres alternativos.”
“¿Y qué tiene de malo que el Estado ayude a chicos que no tienen acceso a la escolaridad y que se encuentran en situación de riesgo?”, fue la defensa que abrumó durante la sesión de ayer. Los senadores que adoptaron ese discurso hicieron el olímpico salteo de la propuesta educativa: la mecánica de tratamiento figura en la labor parlamentaria, que evidenció que se trató de una propuesta más sobre el problema de la seguridad.
El proyecto pone como requisitos tener entre 14 y 24 años, pasar un control médico psicofísico, sostiene que el contenido de los cursos y capacitaciones será elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación (pese a que no ingresó a la Comisión apropiada) y se desarrollará en instalaciones del Ejército que se encuentren en desuso, pese a que el Ejército rechazó el convite.
El proyecto, ahora, deberá ingresar en Diputados donde deberá superar el primer escollo: ¿la comisión de cabecera será la de Seguridad o la de Educación?
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-154087-2010-09-30.html
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