* Diputada FG-FpV, presidenta de la Comisión de Educación.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-154467-2010-10-07.html
jueves, 7 de octubre de 2010
Los peligros de ser adolescente, negro y pobre
Por Adriana Puiggrós *
La media sanción del Senado al proyecto de ley que crea el Servicio Cívico Voluntario es un verdadero disparate y no coincide con ninguna teoría pedagógica, excepto que “la letra con sangre entra”, agravado porque en este caso no se piensa en la letra y lo de la sangre es altamente inoportuno en nuestro país, que aún recuerda a los jóvenes que recibieron su dosis de reeducación desapareciendo en los campos de la dictadura. En esta época en que las cuestiones relativas a la comunicación ocupan un lugar destacado en los frentes donde se lucha por el poder, la apropiación de palabras es una modalidad que ha resultado muy efectiva, en especial para una nueva derecha que desborda de cinismo. Las reformas neoliberales fueron hechas en nombre de la desburocratización, la descentralización, la distribución y otras tantas acciones que se colocaron en la serie de la democracia, pues era obligatorio declarar a las propuestas antidictatoriales y antiautoritarias para que se consideraran políticamente correctas. La operación perfecta consiste en la apropiación de un término que tiene connotaciones reivindicativas produciendo su vaciamiento, lo que no es un inocente juego lingüístico, porque los juegos lingüísticos son actos de ejercicio del poder. Así ocurre con la palabra “inclusión”, hoy de moda. Hace dos siglos, Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, sostuvo que el sistema escolar latinoamericano debía construirse a partir de los pobres, los desarrapados, los negros, los indios. Ellos serían el corazón de la educación, su núcleo más significativo, el que le otorgaría sentido. (Si hubiera vivido en la Argentina del siglo XXI seguramente habría agregado a la lista a los chicos de 14 a 18 años sin trabajo ni estudio.) Los agregados, los incluidos en segundo lugar de importancia, serían los otros, los hijos de los ricos. En cambio, los autores del proyecto de Servicio Social Voluntario piensan de manera inversa al educador venezolano. Representan al sector que ha estado siempre en contra de la educación pública y a favor de un sistema meritocrático privado. Sus propuestas no nacieron con el neoliberalismo, sino que acompañaron a todos los gobiernos antidemocráticos y dictatoriales, pero el proyecto educativo neoliberal los alentó y actualizó. Su gesto más genuino es racista. Consideran que primero debe educarse a los mejores, en quienes se invertirán los mayores recursos. Luego se irá construyendo la pirámide hacia abajo pero, dicen, necesariamente los pobres, negros, desarrapados, que llegaron a tal situación producto de la crisis, o, la verdad, porque carecieron de capacidad, qué le vamos a hacer, ahora ya son drogadictos, delincuentes, pero lamentablemente no se puede poner a todos preventivamente presos o en reformatorios o hacer con ellos justicia por mano propia, dado que estamos en democracia y no hay más remedio que incluir a todos, en nombre de la inclusión hay que darles el lugar que merecen, y que merecemos que tengan, lejos de nuestros hijos y de nuestros bienes, por eso los mandamos a los “cuarteles”, para que los eduquen, los hagan personas de bien. En el oscuro fondo del razonamiento que impulsa el proyecto subyace la imagen de campos militares donde se imponga la disciplina de la cual estos chicos supuestamente carecen. El proyecto denota un profundo desconocimiento de nuestros jóvenes. La Argentina está muy lejos de sufrir bandas juveniles que tienen un alto nivel de organización, como ocurre en México, en El Salvador o en Brasil. Los grupos de nuestros “chicos de la calle”, afortunadamente, de ninguna manera son comparables con aquellas organizaciones. Programas como el “Fines” de los ministerios de Educación y de Desarrollo Social, en los cuales incluirlos es darles una mano para que recuperen el capital simbólico que se les ha expropiado o negado, logran atraer y orientar a los jóvenes, así como los programas deportivos, recreativos y especialmente los de capacitación laboral. Además existe el sistema escolar, que los autores del proyecto de hecho descartan, pues para ellos no es una buena solución abrirles a aquellos chicos un lugar en las aulas a las cuales concurren sus pares de otros niveles sociales. Pero lo peor es que consideren una falta que no trabajen, mostrando su total desconsideración de la legislación nacional e internacional, que prohíbe el trabajo infantil y juvenil. El proyecto es antidemocrático, injusto y espanta al denotar la persistencia de una mentalidad represiva que ha causado profundos dolores al país, así como la condensación del odio social en los chicos pobres, una vez más.
* Diputada FG-FpV, presidenta de la Comisión de Educación.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-154467-2010-10-07.html
* Diputada FG-FpV, presidenta de la Comisión de Educación.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-154467-2010-10-07.html
Los otros y los miedos
UN CRIMEN REVELA RESPONSABILIDADES SOCIALES
Lo mataron además quienes vieron cómo Matías era finalmente interceptado por un automóvil, subido a golpes, y no hicieron nada para evitarlo. También lo mató la policía, que alertada “porque un menor intentó asaltar a un remisero y luego fue subido a un auto”, hizo un breve recorrido por el barrio y se retiró. A Matías lo mató la clase media, que construye bunkers rodeados por doble alambrado electrificado para subrayar las diferencias entre un adentro habitado por los buenos ciudadanos y un afuera infectado de “malvivientes”.
Matías murió por ser un adolescente. Cargó, por un instante breve y fatal de su vida, con el estigma que cargan miles de adolescentes como él, que continuamente son agredidos, despreciados, maltratados, humillados, por los buenos ciudadanos que pagan sus impuestos y que reclaman airadamente bajar la edad de imputabilidad, endurecer las condenas (como si ser un adolescente de clase baja sin futuro ni ilusiones no fuera condena suficiente), que no salgan nunca más de la cárcel.
Existe otro Matías. Lo conozco. Está cumpliendo una probation. No vive en un barrio privado, no juega rugby, no asiste a un colegio bilingüe. Es morocho. Todos los días sale a vender productos de limpieza por la calle. Y casi todos los días la policía lo para, lo obliga a ponerse contra la pared, le hace abrir las piernas, someterse a la requisa, abrir su mochila, dejar caer su mercadería, soportar que se la pateen y juntar lo que queda de ella sin decir una sola palabra, porque, al menor atisbo de protesta por el atropello, pueden llevarlo a la comisaría por “resistencia a la autoridad”. Cualquier conflicto le haría perder la probation y podría derivar en su detención. El sabe que no puede reaccionar ante el funcionario policial; no puede defender su derecho a querer darle un curso diferente a su vida, a ganar honestamente el sustento de su familia. Debe callar y juntar del piso su mercadería pisoteada.
Los que creyeron que el otro Matías era un ladrón consideraron justo que fuera perseguido por sus presuntas víctimas y empujado al interior de un auto. A nadie se le ocurrió que, aun cuando hubiera cometido un delito, debía ser protegido de la persecución justiciera. Es más, si hubiera sido un ladrón, y sus víctimas, como ha sucedido, hubieran hecho “justicia” por mano propia, el discurso social ante la muerte del chico hubiera sido muy diferente. Los homicidas hubieran sido considerados casi como héroes. Difícilmente se hubiera establecido su responsabilidad y en el caso de que fueran identificados, un buen abogado habría logrado probar el “estado de emoción violenta” y así la inimputabilidad.
El otro Matías trata de sobrevivir en un medio que le es hostil y, cuando le pregunto qué necesita, contesta: “Una vida nueva”. Con este Matías, intentamos aún reparar todo el daño que se le ha hecho; que pueda algún día ilusionarse, desear, imaginar una vida en la que pueda andar libremente por la calle, trabajar, ir a bailar, sin tener que agachar la cabeza cuando la mirada del otro le dirige desprecio y burla.
* Psicoanalista. Perito psicóloga en una defensoría oficial del conurbano bonaerense.
http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-154453-2010-10-07.html
Todos los que matan a Matías
Por Andrea Homene *A Matías Berardi lo asesinaron, el martes de la semana pasada, según dicen hasta el momento los investigadores, los miembros de una familia que lo habían secuestrado para pedir 500 pesos de rescate: atrocidad injustificable que merece la más enérgica condena. Pero no fueron sólo ellos quienes terminaron con la vida de este chico de 16 años. A Matías lo asesinaron los vecinos, que lo vieron correr desesperado pidiendo ayuda pero, como era perseguido por otras personas que gritaban que les había robado (luego se sabría que eran sus secuestradores), no intervinieron para asistirlo.
También lo asesinaron los periodistas que instalan en el imaginario del público la idea de que los jóvenes son los responsables de todos los problemas de inseguridad. El remisero que no dudó en huir cuando vio al joven acercarse a su automóvil con intenciones de abordarlo también lo asesinó.
Lo mataron además quienes vieron cómo Matías era finalmente interceptado por un automóvil, subido a golpes, y no hicieron nada para evitarlo. También lo mató la policía, que alertada “porque un menor intentó asaltar a un remisero y luego fue subido a un auto”, hizo un breve recorrido por el barrio y se retiró. A Matías lo mató la clase media, que construye bunkers rodeados por doble alambrado electrificado para subrayar las diferencias entre un adentro habitado por los buenos ciudadanos y un afuera infectado de “malvivientes”.
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| El miedo no pregunta. Sospecha |
Existe otro Matías. Lo conozco. Está cumpliendo una probation. No vive en un barrio privado, no juega rugby, no asiste a un colegio bilingüe. Es morocho. Todos los días sale a vender productos de limpieza por la calle. Y casi todos los días la policía lo para, lo obliga a ponerse contra la pared, le hace abrir las piernas, someterse a la requisa, abrir su mochila, dejar caer su mercadería, soportar que se la pateen y juntar lo que queda de ella sin decir una sola palabra, porque, al menor atisbo de protesta por el atropello, pueden llevarlo a la comisaría por “resistencia a la autoridad”. Cualquier conflicto le haría perder la probation y podría derivar en su detención. El sabe que no puede reaccionar ante el funcionario policial; no puede defender su derecho a querer darle un curso diferente a su vida, a ganar honestamente el sustento de su familia. Debe callar y juntar del piso su mercadería pisoteada.
Los que creyeron que el otro Matías era un ladrón consideraron justo que fuera perseguido por sus presuntas víctimas y empujado al interior de un auto. A nadie se le ocurrió que, aun cuando hubiera cometido un delito, debía ser protegido de la persecución justiciera. Es más, si hubiera sido un ladrón, y sus víctimas, como ha sucedido, hubieran hecho “justicia” por mano propia, el discurso social ante la muerte del chico hubiera sido muy diferente. Los homicidas hubieran sido considerados casi como héroes. Difícilmente se hubiera establecido su responsabilidad y en el caso de que fueran identificados, un buen abogado habría logrado probar el “estado de emoción violenta” y así la inimputabilidad.
El otro Matías trata de sobrevivir en un medio que le es hostil y, cuando le pregunto qué necesita, contesta: “Una vida nueva”. Con este Matías, intentamos aún reparar todo el daño que se le ha hecho; que pueda algún día ilusionarse, desear, imaginar una vida en la que pueda andar libremente por la calle, trabajar, ir a bailar, sin tener que agachar la cabeza cuando la mirada del otro le dirige desprecio y burla.
* Psicoanalista. Perito psicóloga en una defensoría oficial del conurbano bonaerense.
http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-154453-2010-10-07.html
Habeas corpus por el habeas corpus (2)
Texto de la nota presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba y listado de organizaciones y personas que adhirieron a la misma, reclamando por la vigencia y efectividad de la garantía del habeas corpus
Presentación ante el TSJ de Córdoba
Presentación ante el TSJ de Córdoba
miércoles, 6 de octubre de 2010
Un reclamo con zona liberada
AMENAZAS A UN JUEZ Y UN FISCAL MARPLATENSES POR EL ASALTO A UN KIOSQUERO
Por Horacio Cecchi
El fiscal encargado de la investigación fue Mariano Moyano; como juez de Garantías de turno se encontraba Saúl Errandonea, titular del juzgado 2. A poco de la investigación, una línea errónea derivó en la detención de un hombre. “Lo llevaron a rueda de reconocimiento, pero no fue reconocido ni por los testigos que estaban dentro ni por los que estaban fuera”, reveló una fuente judicial a este diario. Cruzando la calle, un autoservicio había sido asaltado segundos antes, y de allí el ladrón había pasado al kiosco. La dueña del supermercadito tampoco había logrado reconocer al detenido. Jurídicamente, no había muchas opciones. El fiscal abandonó el pedido de detención y el juez ordenó su libertad.
Lo que siguió dio lugar a ciertas suspicacias. “El fiscal venía investigando bien. Si hasta venía trabajando con la familia y le decía: ‘No queremos detener perejiles, queremos resolver el caso’”, confió la misma fuente. Pero el martes 28, a la tarde, después de abandonar el despacho, la misma familia encabezó una marcha, acompañada por la ONG que impulsa la pena de muerte, que se dirigió a la casa del fiscal, alentada por los medios y voces altisonantes de apoyo a la policía. Dos días más tarde, la misma marcha se dirigió hacia la casa de Errandonea. En ambos casos el reclamo resultó curioso: pedían que los jueces “no aten las manos a la policía”, frase mucho más locuaz que lo que da a entender su aspecto confuso. “El reclamo por la inacción policial se dirige contra los jueces como si dependiera de los jueces y no del poder político –sostuvo la misma fuente–. Hay más de un policía al que le cortaron los negocios que está apoyando los reclamos.”
Al mediodía del 30, antes de que el escrache se concentrara ante la casa del juez, la Bonaerense avisó a su casa y al propio magistrado que la marcha se concentraría en su puerta y con intenciones escasamente amigables. Horas después, el propio juez confirmó la concentración no por un alerta policial –no había medio uniformado a una cuadra a la redonda–, sino por el griterío delante de sus ventanas. De allí a sentirse amenazado había ninguna distancia. Los medios, que en la reciente marcha en reclamo por la ley de medios se habían rasgado las vestiduras en presunto resguardo del Poder Judicial, no sólo no dijeron ni mu sino que acompañaron, produjeron y marcaron direcciones.
Entre el sábado y domingo pasado, el fiscal, con pruebas más contundentes, había dado con el conductor de la moto, de 16 años, y pedía la captura del adulto, que había disparado y está prófugo. A diez días del asalto, el caso en buena parte puede considerarse resuelto. Hoy se realizará una marcha por las manos policiales libres.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-154425-2010-10-06.html
Aunque el caso del kiosquero Dardo Molina, baleado durante un asalto, fue prácticamente resuelto en diez días, se realizaron marchas con amenazas a la casa del fiscal y el juez, sin que hubiera custodia de la Bonaerense. Fuerte repudio judicial.
Por Horacio Cecchi
En Mar del Plata lo conocen como el caso de Dardo Molina, un kiosquero asaltado el 22 del mes pasado que, por la irrefrenable decisión de resistir con un arma, fue baleado. Cuatro disparos, uno de ellos le impactó en la cabeza. Diez días después, el caso estaba casi resuelto, con un detenido y un prófugo a punto de caer. Pero los familiares y vecinos del herido, apoyados por la ONG Familiares de Víctimas del Delito y por el correveidile policial, marcharon a la casa del fiscal y luego del juez del caso, con amenazas de incendiarlas, y al curioso grito de “¡Basta de asesinatos! ¡Acá hay que aplicar la pena de muerte!”. Las movilizaciones fueron realizadas con una notable ausencia de vigilancia policial, verbigracia, zona liberada. Las amenazas derivaron en durísimos documentos de repudio por parte del plenario de la Cámara de Apelaciones marplatense, de la Red de Jueces Penales de la provincia, y de la Fiscalía General de Mar del Plata. Un integrante de la ONG negó que se hubieran realizado escraches: “Se pueden tomar como visitas –aclaró suspicaz un tal Ariel–. Lo peor va a ser el miércoles”, dijo, por hoy. Curiosamente, esta vez nadie se rasgó las vestiduras por las amenazas a los jueces.
El miércoles 22, alrededor de las ocho de la noche, un joven entró en el maxikiosco de la esquina de Luro y 190, no lejos del centro marplatense. Dardo Molina atendía en ese momento a un par de clientes cuando el joven lo amenazó con un arma. El kiosquero intentó manotear un arma que tenía guardada. Error. El asaltante disparó cuatro veces. Una de las balas impactó a Molina en la cabeza y lo hirió gravemente. El asaltante salió corriendo, trepó a una moto que lo esperaba y huyó con su cómplice. El caso, que de-sató inmediatos reclamos, mantiene una serie de curiosidades.El fiscal encargado de la investigación fue Mariano Moyano; como juez de Garantías de turno se encontraba Saúl Errandonea, titular del juzgado 2. A poco de la investigación, una línea errónea derivó en la detención de un hombre. “Lo llevaron a rueda de reconocimiento, pero no fue reconocido ni por los testigos que estaban dentro ni por los que estaban fuera”, reveló una fuente judicial a este diario. Cruzando la calle, un autoservicio había sido asaltado segundos antes, y de allí el ladrón había pasado al kiosco. La dueña del supermercadito tampoco había logrado reconocer al detenido. Jurídicamente, no había muchas opciones. El fiscal abandonó el pedido de detención y el juez ordenó su libertad.
Lo que siguió dio lugar a ciertas suspicacias. “El fiscal venía investigando bien. Si hasta venía trabajando con la familia y le decía: ‘No queremos detener perejiles, queremos resolver el caso’”, confió la misma fuente. Pero el martes 28, a la tarde, después de abandonar el despacho, la misma familia encabezó una marcha, acompañada por la ONG que impulsa la pena de muerte, que se dirigió a la casa del fiscal, alentada por los medios y voces altisonantes de apoyo a la policía. Dos días más tarde, la misma marcha se dirigió hacia la casa de Errandonea. En ambos casos el reclamo resultó curioso: pedían que los jueces “no aten las manos a la policía”, frase mucho más locuaz que lo que da a entender su aspecto confuso. “El reclamo por la inacción policial se dirige contra los jueces como si dependiera de los jueces y no del poder político –sostuvo la misma fuente–. Hay más de un policía al que le cortaron los negocios que está apoyando los reclamos.”
Al mediodía del 30, antes de que el escrache se concentrara ante la casa del juez, la Bonaerense avisó a su casa y al propio magistrado que la marcha se concentraría en su puerta y con intenciones escasamente amigables. Horas después, el propio juez confirmó la concentración no por un alerta policial –no había medio uniformado a una cuadra a la redonda–, sino por el griterío delante de sus ventanas. De allí a sentirse amenazado había ninguna distancia. Los medios, que en la reciente marcha en reclamo por la ley de medios se habían rasgado las vestiduras en presunto resguardo del Poder Judicial, no sólo no dijeron ni mu sino que acompañaron, produjeron y marcaron direcciones.
Entre el sábado y domingo pasado, el fiscal, con pruebas más contundentes, había dado con el conductor de la moto, de 16 años, y pedía la captura del adulto, que había disparado y está prófugo. A diez días del asalto, el caso en buena parte puede considerarse resuelto. Hoy se realizará una marcha por las manos policiales libres.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-154425-2010-10-06.html
lunes, 4 de octubre de 2010
La APDH también se opuso al Servicio Cívico Voluntario
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) La Plata, afirmó que el proyecto que establece el Servicio Cívico Voluntario "se concibe en el marco de una avanzada de los sectores de derecha, que insisten en que las Fuerzas Armadas vuelvan a opinar sobre asuntos de seguridad interior”.
La APDH emitió un comunicado de repudio al proyecto sancionado por el Senado nacional la semana pasada, por considerar que ese tipo de propuestas "se impulsan para avalar un sistema que ha decidido dar respuestas demagógicas a una sociedad que reclama seguridad, acalorando la histeria punitiva”.
En ese sentido, calificaron de cuestionable el modo en que se procede desde el órgano democrático que alberga a los elegidos por el pueblo, que no han convocado en ninguna instancia de la elaboración del proyecto a la Comisión de Educación de la Cámara, como así tampoco al Ministerio de Educación ni al de Defensa, contemplado por la ley, nada menos que como los órganos de aplicación”.
“No es un dato menor que el Ejército rechace públicamente el proyecto de utilizar sus instalaciones y personal para el Servicio Cívico Voluntario por contradecir su rol constitucional y el marco legal vigente”, consideraron.
Télam
La APDH emitió un comunicado de repudio al proyecto sancionado por el Senado nacional la semana pasada, por considerar que ese tipo de propuestas "se impulsan para avalar un sistema que ha decidido dar respuestas demagógicas a una sociedad que reclama seguridad, acalorando la histeria punitiva”.
En ese sentido, calificaron de cuestionable el modo en que se procede desde el órgano democrático que alberga a los elegidos por el pueblo, que no han convocado en ninguna instancia de la elaboración del proyecto a la Comisión de Educación de la Cámara, como así tampoco al Ministerio de Educación ni al de Defensa, contemplado por la ley, nada menos que como los órganos de aplicación”.
“No es un dato menor que el Ejército rechace públicamente el proyecto de utilizar sus instalaciones y personal para el Servicio Cívico Voluntario por contradecir su rol constitucional y el marco legal vigente”, consideraron.
Télam
Un habeas corpus de oficina
El miércoles, jueces, expertos y ONG de todo el país presentarán un petitorio ante la Corte cordobesa solicitando que se reglamente el hábeas corpus. Por ahora, la garantía de cumplimiento urgente sólo se puede pedir en horario de Tribunales.
Por Horacio Cecchi
El próximo miércoles, jueces y camaristas de todo el país, especialistas en derecho, abogados y representantes de organismos de derechos humanos entregarán un petitorio ante el máximo tribunal de la provinci.jpg)
a de Córdoba. La solicitud es tan sencilla como absurdo y arcaico el hecho que la motiva: en la provincia mediterránea, que podría jactarse de un Código Procesal Penal de avanzada, no existe la figura del hábeas corpus. Corrección: no es que no exista, funciona sólo en horario de oficina, días laborables de 8.30 a 13.30. A los efectos protectivos de una persona detenida es inútil en el 85 por ciento de la semana. Según un trabajo realizado por el abogado constitucionalista Horacio Etchichury y la diputada provincial Adela Coria, la policía produjo 54.223 arrestos por el Código de Faltas. Si se tiene en cuenta que en el CF el comisario es quien detiene y quien juzga y sanciona por una falta como el merodeo –en el que todo depende de la veleidad del olfato policial–, la ausencia del hábeas corpus hace del detenido una cosa de feriado, horario nocturno o fin de semana.
El texto del pedido, promovido por el constitucionalista cordobés Horacio Etchechury y a nivel nacional por la ONG Asociación Pensamiento Penal, sostiene que “el hábeas corpus permite solicitar a un juez que impida o ponga fin a una detención ilegal o injustificada”. La ausencia de reglamentación del HC impide garantizar la intervención inmediata, lo que contradice el artículo 43 de la Constitución Nacional.
Durante el año pasado, en Córdoba sólo por arrestos por supuestas faltas cometidas al Código de Faltas fueron realizados 54.223 arrestos, según datos aportados por la policía de Córdoba. Cerca de la mitad (49 por ciento) correspondieron a jóvenes de hasta 25 años. En la capital provincial, los arrestos a jóvenes aumentan hasta casi el 70 por ciento.
“¿Qué ocurre ante una detención efectuada durante la noche o el fin de semana, fuera del horario de oficina de los tribunales?”, se preguntan en el escrito los firmantes. Nada. No ocurre nada, es decir, puede pasar cualquier cosa, pero el juez se enterará recién el lunes, pasado el desayuno. “La demora en tramitar un hábeas corpus resulta peligrosa –sostiene el escrito–. Significa que la persona detenida permanece sin la protección de un juez, lo que afecta el derecho a la tutela judicial efectiva.” En términos más carnales que la letra de una ley, la demora, como en el caso Bulacio (por el que Argentina fue sancionada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos), puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un arrestado por una falta, que ni siquiera es delito y ni se sabe si es falta.
La polémica figura del merodeo, que castiga con arresto a quien esté “en actitud sospechosa” según el olfato policial, tiene sus cifras. Según la policía cordobesa, sólo en 2009, en el Departamento de Punilla, de los 3400 arrestos por contravenciones, la cuarta parte (848) correspondió a merodeos. “Todavía nadie ha explicado cómo el arresto por ‘merodeo’ contribuye a la seguridad pública”, sostienen los firmantes.
El Código de Faltas cordobés ni siquiera garantiza la presencia de un abogado defensor. Para colmo, el comisario hace y deshace: detiene merced a la voluntad de su olfato y luego sanciona en función de las pruebas obtenidas por él mismo como sabueso.
La lista de adhesiones a la presentación pro hábeas corpus full time es amplia y marcada por especialistas de primera línea. Carlos Chiara Díaz (Tribunal Superior de Entre Ríos), Benjamín Sal Llargués (Casación bonaerense), Marcelo Riquert, Ricardo Favarotto y Esteban Viñas (camaristas de Mar del Plata), Mario Juliano (Tribunal Oral 1 de Necochea) Gonzalo Rúa (contravencional y penal porteño), especialistas como Alberto Binder, Maximiliano Rusconi, Alberto Bovino o Claudia Cesaroni.
publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-154302-2010-10-04.html
Por Horacio Cecchi
El próximo miércoles, jueces y camaristas de todo el país, especialistas en derecho, abogados y representantes de organismos de derechos humanos entregarán un petitorio ante el máximo tribunal de la provinci
.jpg)
a de Córdoba. La solicitud es tan sencilla como absurdo y arcaico el hecho que la motiva: en la provincia mediterránea, que podría jactarse de un Código Procesal Penal de avanzada, no existe la figura del hábeas corpus. Corrección: no es que no exista, funciona sólo en horario de oficina, días laborables de 8.30 a 13.30. A los efectos protectivos de una persona detenida es inútil en el 85 por ciento de la semana. Según un trabajo realizado por el abogado constitucionalista Horacio Etchichury y la diputada provincial Adela Coria, la policía produjo 54.223 arrestos por el Código de Faltas. Si se tiene en cuenta que en el CF el comisario es quien detiene y quien juzga y sanciona por una falta como el merodeo –en el que todo depende de la veleidad del olfato policial–, la ausencia del hábeas corpus hace del detenido una cosa de feriado, horario nocturno o fin de semana.El texto del pedido, promovido por el constitucionalista cordobés Horacio Etchechury y a nivel nacional por la ONG Asociación Pensamiento Penal, sostiene que “el hábeas corpus permite solicitar a un juez que impida o ponga fin a una detención ilegal o injustificada”. La ausencia de reglamentación del HC impide garantizar la intervención inmediata, lo que contradice el artículo 43 de la Constitución Nacional.
Durante el año pasado, en Córdoba sólo por arrestos por supuestas faltas cometidas al Código de Faltas fueron realizados 54.223 arrestos, según datos aportados por la policía de Córdoba. Cerca de la mitad (49 por ciento) correspondieron a jóvenes de hasta 25 años. En la capital provincial, los arrestos a jóvenes aumentan hasta casi el 70 por ciento.
“¿Qué ocurre ante una detención efectuada durante la noche o el fin de semana, fuera del horario de oficina de los tribunales?”, se preguntan en el escrito los firmantes. Nada. No ocurre nada, es decir, puede pasar cualquier cosa, pero el juez se enterará recién el lunes, pasado el desayuno. “La demora en tramitar un hábeas corpus resulta peligrosa –sostiene el escrito–. Significa que la persona detenida permanece sin la protección de un juez, lo que afecta el derecho a la tutela judicial efectiva.” En términos más carnales que la letra de una ley, la demora, como en el caso Bulacio (por el que Argentina fue sancionada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos), puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un arrestado por una falta, que ni siquiera es delito y ni se sabe si es falta.
La polémica figura del merodeo, que castiga con arresto a quien esté “en actitud sospechosa” según el olfato policial, tiene sus cifras. Según la policía cordobesa, sólo en 2009, en el Departamento de Punilla, de los 3400 arrestos por contravenciones, la cuarta parte (848) correspondió a merodeos. “Todavía nadie ha explicado cómo el arresto por ‘merodeo’ contribuye a la seguridad pública”, sostienen los firmantes.
El Código de Faltas cordobés ni siquiera garantiza la presencia de un abogado defensor. Para colmo, el comisario hace y deshace: detiene merced a la voluntad de su olfato y luego sanciona en función de las pruebas obtenidas por él mismo como sabueso.
La lista de adhesiones a la presentación pro hábeas corpus full time es amplia y marcada por especialistas de primera línea. Carlos Chiara Díaz (Tribunal Superior de Entre Ríos), Benjamín Sal Llargués (Casación bonaerense), Marcelo Riquert, Ricardo Favarotto y Esteban Viñas (camaristas de Mar del Plata), Mario Juliano (Tribunal Oral 1 de Necochea) Gonzalo Rúa (contravencional y penal porteño), especialistas como Alberto Binder, Maximiliano Rusconi, Alberto Bovino o Claudia Cesaroni.
publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-154302-2010-10-04.html
viernes, 1 de octubre de 2010
Esa rara prevención educativa
El proyecto de Servicio Cívico Voluntario, que tuvo media sanción en el Senado, ya empezó a recibir críticas en Diputados, donde de todos modos la oposición tiene mayoría. La ministra Garré lo tildó de “disparate inviable” y los expertos como una aberración.
Por Horacio Cecchi
El proyecto sancionado en el Senado para dar educación en cuarteles a pobres voluntarios, jóvenes, mantiene el suspenso antes de su ingreso en Diputados. Su sombra ya motivó rispideces, silencios y durísimos cuestionamientos de especialistas y de diputados de la Comisión de Educación a la que, según la lógica común (no la que se siguió en el Senado), debería ingresar en primer término. Si llegara a cumplir con su objeto formalmente anunciado, la educación, debería ingresar a esta comisión en la que no le espera un camino sencillo: compuesta por unos cuantos especialistas de primera línea en educación pública no militarizada, unos cuantos de ellos anticiparon que rechazarían por “bárbara, horrorosa, absurda y retrógrada” la propuesta. Para peor, la otra área que debería tener participación, Defensa, por tratarse de espacios del Ejército, reiteró su rechazo en boca de la ministra Garré: “Es literalmente un disparate inviable”.
El proyecto, que salió con media sanción en el Senado, no había ingresado formalmente en Diputados y no tenía adjudicada comisión de inicio de su trámite. La de Educación, que es donde debiera ingresar si el planteo educativo fuera verídico, está presidida por Adriana Puiggrós, del FpV, ausente del país, pero cuyo entorno adelantó a este diario la certeza de que rechazará el proyecto. Alcira Argumedo, de Proyecto Sur, socióloga e investigadora del Conicet, también integrante de la Comisión de Educación, sostuvo que “es la contracara de la penalización de los jóvenes en situación de riesgo, una idea distractiva para que dejen de robar, cuando si roban son el último eslabón. Ningún chico mata para robar un auto y después salir con su novia. Mata para entregar el auto a una cadena de desarmado y reventa de las piezas, cubierta por la policía y los políticos, conocida porque nadie tiene un desarmadero en su dormitorio. Hay que actuar sobre las causas y no sobre los efectos, como están proponiendo con este proyecto”.
En la misma comisión ya descuentan la posición del oficialismo, que rechazó en bloque el proyecto en el Senado, o especialistas que integraron cargos o tienen proximidad con la especialidad en diferentes niveles de la educación en diferentes provincias y en la Nación.
Por su lado, fuera del Congreso, la directora ejecutiva del Casacidn, la entidad encargada de la vigilancia de los derechos de la niñez en el país, dio su perspectiva crítica: “Esta barbaridad tiene relación con lo que decían ustedes de la policía juvenil la semana pasada. Se usa la misma excusa, la de solucionar el problema sacando a los chicos pobres de la calle. A esos chicos a los que no se les da la posibilidad de acceso a las políticas públicas, se les inventa una política diferencial. Es una aberración, es la exclusión en la exclusión. ¿Les quieren enseñar oficios? Escuelas técnicas hay muchísimas en el país y de primer nivel, pero ahí no se pretende llevarlos”.
La ministra de Defensa Nilda Garré consideró al proyecto “inviable, literalmente un disparate sin criterio. Subyace una idea de militarizar la situación de estos jóvenes. Es la vieja idea de que el orden, la jerarquía, autoridad y mecanismos más duros van a mejorar la conducta de los jóvenes”. Y agregó que “en el caso de los soldados voluntarios, que están diez años en la fuerza, la gran mayoría de ellos no tiene el secundario terminado, porque las fuerzas no están prepararadas para darles ese estudio secundario en todos esos años”.
También la Junta Ejecutiva de Ctera y la Secretaría de Derechos Humanos de CTA repudiaron el proyecto por discriminatorio.
Al mismo tiempo, del lado de la oposición, especialmente del radicalismo que llevó adelante el proyecto, no se logró obtener ninguna posición a favor del proyecto. Sólo un incontrastable silencio.
Unos días antes de que el Senado diera media sanción a la solución de acuartelamiento educativo para pobres, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado invitó a relatar su experiencia a la pediatra mendocina Viviana Zavala, directora mientras funcionó, del SCV en su provincia. Para demostrar la profunda veta educativa de la propuesta, la médica mencionó el proyecto “es un tema prioritario para la prevención de la delincuencia”. Ningún otro proyecto logró lo que éste: enviar chicos a un cuartel pseudoescuela no como proyección de sus vidas, sino para evitar que roben. En una provincia cuya principal cárcel llevó a la Argentina ante los tribunales internacionales por la horrorosa situación de sus presos, la preocupación no parece ser qué será de las vidas de los internados, sino poner a buen resguardo los propios bienes.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-154148-2010-10-01.html
Por Horacio Cecchi
El proyecto sancionado en el Senado para dar educación en cuarteles a pobres voluntarios, jóvenes, mantiene el suspenso antes de su ingreso en Diputados. Su sombra ya motivó rispideces, silencios y durísimos cuestionamientos de especialistas y de diputados de la Comisión de Educación a la que, según la lógica común (no la que se siguió en el Senado), debería ingresar en primer término. Si llegara a cumplir con su objeto formalmente anunciado, la educación, debería ingresar a esta comisión en la que no le espera un camino sencillo: compuesta por unos cuantos especialistas de primera línea en educación pública no militarizada, unos cuantos de ellos anticiparon que rechazarían por “bárbara, horrorosa, absurda y retrógrada” la propuesta. Para peor, la otra área que debería tener participación, Defensa, por tratarse de espacios del Ejército, reiteró su rechazo en boca de la ministra Garré: “Es literalmente un disparate inviable”.
El proyecto, que salió con media sanción en el Senado, no había ingresado formalmente en Diputados y no tenía adjudicada comisión de inicio de su trámite. La de Educación, que es donde debiera ingresar si el planteo educativo fuera verídico, está presidida por Adriana Puiggrós, del FpV, ausente del país, pero cuyo entorno adelantó a este diario la certeza de que rechazará el proyecto. Alcira Argumedo, de Proyecto Sur, socióloga e investigadora del Conicet, también integrante de la Comisión de Educación, sostuvo que “es la contracara de la penalización de los jóvenes en situación de riesgo, una idea distractiva para que dejen de robar, cuando si roban son el último eslabón. Ningún chico mata para robar un auto y después salir con su novia. Mata para entregar el auto a una cadena de desarmado y reventa de las piezas, cubierta por la policía y los políticos, conocida porque nadie tiene un desarmadero en su dormitorio. Hay que actuar sobre las causas y no sobre los efectos, como están proponiendo con este proyecto”.
En la misma comisión ya descuentan la posición del oficialismo, que rechazó en bloque el proyecto en el Senado, o especialistas que integraron cargos o tienen proximidad con la especialidad en diferentes niveles de la educación en diferentes provincias y en la Nación.
Por su lado, fuera del Congreso, la directora ejecutiva del Casacidn, la entidad encargada de la vigilancia de los derechos de la niñez en el país, dio su perspectiva crítica: “Esta barbaridad tiene relación con lo que decían ustedes de la policía juvenil la semana pasada. Se usa la misma excusa, la de solucionar el problema sacando a los chicos pobres de la calle. A esos chicos a los que no se les da la posibilidad de acceso a las políticas públicas, se les inventa una política diferencial. Es una aberración, es la exclusión en la exclusión. ¿Les quieren enseñar oficios? Escuelas técnicas hay muchísimas en el país y de primer nivel, pero ahí no se pretende llevarlos”.
La ministra de Defensa Nilda Garré consideró al proyecto “inviable, literalmente un disparate sin criterio. Subyace una idea de militarizar la situación de estos jóvenes. Es la vieja idea de que el orden, la jerarquía, autoridad y mecanismos más duros van a mejorar la conducta de los jóvenes”. Y agregó que “en el caso de los soldados voluntarios, que están diez años en la fuerza, la gran mayoría de ellos no tiene el secundario terminado, porque las fuerzas no están prepararadas para darles ese estudio secundario en todos esos años”.
También la Junta Ejecutiva de Ctera y la Secretaría de Derechos Humanos de CTA repudiaron el proyecto por discriminatorio.
Al mismo tiempo, del lado de la oposición, especialmente del radicalismo que llevó adelante el proyecto, no se logró obtener ninguna posición a favor del proyecto. Sólo un incontrastable silencio.
Unos días antes de que el Senado diera media sanción a la solución de acuartelamiento educativo para pobres, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado invitó a relatar su experiencia a la pediatra mendocina Viviana Zavala, directora mientras funcionó, del SCV en su provincia. Para demostrar la profunda veta educativa de la propuesta, la médica mencionó el proyecto “es un tema prioritario para la prevención de la delincuencia”. Ningún otro proyecto logró lo que éste: enviar chicos a un cuartel pseudoescuela no como proyección de sus vidas, sino para evitar que roben. En una provincia cuya principal cárcel llevó a la Argentina ante los tribunales internacionales por la horrorosa situación de sus presos, la preocupación no parece ser qué será de las vidas de los internados, sino poner a buen resguardo los propios bienes.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-154148-2010-10-01.html
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